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Cáceres: “Nos afecta la rigidez del presupuesto”

Dijo que se necesitan ajustes, pero no pueden variar fondos para CSJ o pago de deuda.
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El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, reconoció que el Estado salvadoreño no está destinando suficientes fondos para áreas importantes, como salud y educación públicas. Sin embargo, el funcionario aseguró que esto se debe a que gran parte del dinero del Presupuesto General de la Nación ya está comprometido por ley y no pueden hacerse mayores ajustes. La llamada rigidez presupuestaria ha sido ya señalada como una debilidad para las finanzas públicas por organismos como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) o la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

“El presupuesto no refleja del todo las necesidades prioritarias de algunos ministerios, ya que la rigidez de presupuesto no permite hacer ajustes que corrijan las distorsiones y suplan las necesidades sociales”, dijo Cáceres, luego que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) presentara un análisis del presupuesto para 2018 en el que criticó la falta de inversión en el área social.

“Por ejemplo, todos queremos que el presupuesto para educación suba al 6 % del PIB y que salud llegue al 4 %, pero para lograrlo debemos hacer ajustes drásticos en otros rubros ineludibles tales como la Corte Suprema, el pago de la deuda, remuneraciones (contratos colectivos y escalafones), pago de la deuda política, elecciones cada tres años, etcétera, etcétera”, comentó; “pero hacer ajustes en estos rubros se hace imposible”.

El presupuesto para la Corte Suprema de Justicia debe ser el equivalente al 6 % de los ingresos anuales del Estado. Este monto no puede ser menor porque se estaría cometiendo una ilegalidad.

“Además debemos financiar nuevas necesidades que antes no se tenían: veteranos, víctimas, pago de condenas a los derechos humanos y hasta nuevas sentencias de la Sala de lo Constitucional que nos manda asumir nuevas obligaciones que están en la interpretación difusa de la Constitución”, se quejó.

Cáceres dijo que el ICEFI tiene “razón teórica”, pero “que venga a contar las disponibilidades y asignar financiamientos a los gastos”.

El presupuesto para 2017 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Sala de lo Constitucional determinara que se habían dejado fuera gastos previsibles, como el pago de pensiones y del subsidio a la energía eléctrica. El presupuesto para 2018 pretende corregir las observaciones que la Sala hizo al plan de gastos de este año, ya está en estudio en la Asamblea Legislativa.

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