Critican recorte a la inversión social en el presupuesto

De acuerdo con ICEFI, el presupuesto para 2018 no responde a las necesidades de desarrollo del país. El proyecto actual reduce el gasto social e incluye más pagos por deuda y plazas.
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El Presupuesto General de la Nación para 2018 no responde a las necesidades de desarrollo que tiene El Salvador, aseguró el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Según la entidad, no se han destinado suficientes fondos a partidas claves para superar la pobreza, como la inversión pública en la niñez y la adolescencia (IPNA).

El Gobierno ha asignado $1,601.6 millones en esta área para el próximo año. Si bien esta cifra es superior a $1,526.6 millones de 2017 (un aumento del 4.9 %), esto se traduce en un incremento de apenas $0.12 en el gasto por niño. Es más, en términos reales, al considerar el incremento en el costo de la vida, el aumento es solo de $0.07.

“La realidad, lo que nos indica, es que con estos ingresos se pueden tener mejores resultados; pero no vamos a descuidar al desarrollo con una carga tributaria tan baja y yo creo que estos son los elementos que hay que poner al centro del debate”.
Ricardo Castaneda, Economista del ICEFI

Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda, reconoció que el gasto social que se hace en El Salvador no es suficiente, pero dijo que es difícil hacer los ajustes necesarios debido a la rigidez del presupuesto, ya que hay varias partidas que no pueden modificarse, porque la ley ya les asigna un porcentaje (ver nota aparte).

El 50.4 % de los fondos para la IPNA serán ejecutados por el Ministerio de Educación (MINED). No obstante, al ICEFI le preocupa que se ha previsto una reducción de $8.8 millones en la partida para dicha cartera, lo que pondría en riesgo la implementación del modelo de Escuela Inclusiva a Tiempo Pleno. Además, el programa de Salud y Alimentación Escolar tendría un recorte del 28.6 %.

“El comportamiento de estos indicadores muestra que el proyecto del presupuesto 2018 de El Salvador incumple con los principios de presupuestación pública para fomentar los derechos de la niñez y adolescencia: suficiencia, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad”, advirtió el ICEFI.

De hecho, el presupuesto 2018 plantea un recorte a casi todas las dependencias del Estado, con excepción del Trabajo y Turismo. Las reducciones más fuertes son para el Ministerio de Economía, porque se pasara de pagar $40.2 millones en subsidio a gas propano a $16.6 millones, y a un corte de $8.8 millones para el Ministerio de Medio Ambiente, a causa de la reducción de un programa de manejo de desechos sólidos que era ejecutado mediando un préstamo.

“Hay que tratar de potenciar el gasto social efectivo con los recursos que tenemos y ver cómo podemos ir en busca de más recursos.”
Rommel Rodríguez, analista de FUNDE.

Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, hizo énfasis en que Educación llegó a significar el 3.6 % del PIB en 2015, pero desde entonces se ha ido reduciendo la partida hasta llegar a 3.2 % en 2018. De igual forma, Salud pasará de haber representado el 2.4 % del PIB en 2013 a solamente el 2.1 %. El Gobierno debería priorizar más ambas carteras, señaló el analista.

Lo que sí incrementaría es lo que se destina para el pago de deudas, que sería la quinta parte del presupuesto de egresos.

Del total de gastos que el Gobierno central ha previsto para 2018, sin tomar en cuenta los pagos relacionados al sistema de pensiones, el 69.9 %, corresponde solo a gastos de funcionamiento y el 15.6 % es para pago de deuda pública, lo que deja solo el 14.5 % para gastos de capital.

En los gastos de funcionamiento, lo más representativo son los servicios personales o remuneraciones, es decir el salario de los empleados públicos, que costarán $1,811 .5 millones, 1.2 % más que lo que se plantó en 2017.

Mientras que los llamados gastos de capital, donde se estarían aplicando las medidas de austeridad, según el ICEFI, son los que incluyen proyectos de educación, infraestructura y erradicación de la pobreza; esos tendrán un recorte del 8.5 % en relación al actual plan de gastos.

Según el tanque de pensamiento, el gasto en desarrollo social del Gobierno central para 2018, como porcentaje del PIB, caería a niveles de 2012, con un 8.2 % del PIB. Esto significaría, para el ICEFI, un deterioro en los indicadores sociales, por como se estarían enfocando las medidas de austeridad.

La recomendación que hacen, en cuanto al gasto, es una “optimización”, es decir reducir o suprimir lo innecesario, como seguros médicos para los funcionarios y priorizar áreas como salud y educación.

Castaneda señaló además que la carga tributaria del país es baja, pero con impuestos progresivos y no regresivos, es decir que no afecten a quienes menos tienen. Se tendrían que analizar los beneficios de las exoneraciones fiscales que se dan a empresas, consideró. En la Ley de Responsabilidad Fiscal se planteó que la carga tributaria debe llegar al 17 % del PIB en 2019 y para 2018 sería solo el 15.7 %.

En el foro que organizó el instituto, la diputada de ARENA Milena Calderón dijo que el presupuesto no está acorde con las medidas que decretó la Sala de lo Constitucional e insistió en que el ajuste se debe hacer por el lado del gasto. Asimismo, criticó el incremento en plazas en el Gobierno, así como el crecimiento de la deuda.

El empresario Alfredo Atanacio expresó que su preocupación es por la polarización en cómo los partidos políticos interpretan la realidad fiscal, mientras que Haydée Recinos, de la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, manifestó que un deterioro en las partidas de desarrollo social afectaría más a quienes habitan lejos de las ciudades puesto que la pobreza es mayor ahí.

Rommel Rodríguez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), explicó que el análisis del ICEFI resalta las brechas sociales que existen, y cómo en un contexto de ajuste fiscal y problemas de liquidez el Gobierno está priorizando el recorte del gasto, con una incidencia directa en el gasto social.

“Si bien estamos con la tarjeta de crédito topada y los márgenes son reducidos, es importante administrar las finanzas públicas con una perspectiva de desarrollo de más largo plazo. Se trata de ver cómo potencial el gasto social efectivo”, indicó.

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