Cuestionan elección de Sánchez Trejo en SIGET

Según la ANEP, la intención del Gobierno es aprobar un proyecto de $800 millones para la CEL sin fundamentos.
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Elección. ANEP denuncia que se crearon 60 asociaciones para la elección que se realizó en el MINEC.

Elección. ANEP denuncia que se crearon 60 asociaciones para la elección que se realizó en el MINEC.

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De acuerdo con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la secretaría jurídica de la Presidencia de la República intervino en la elección del representante del sector privado en la junta de directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

En la SIGET hay tres directores: uno designado por el Estado, que es la superintendente, Blanca Coto; otro electo por el sector empresarial; y otra persona que representa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La elección para la representación privada se desarrolló ayer en el Ministerio de Economía (MINEC).

  “La verdadera razón es que CEL tiene un proyecto de $800 millones no aprobado por la junta de SIGET porque iba a haber un alza fuerte a los consumidores”.
Javier Argueta, director legal de ANEP

Javier Argueta, director legal de la ANEP, dijo que se crearon 60 cooperativas para que votaran a favor de una persona afín al Gobierno. Estas cooperativas habrían presentado escritura pública el 12 de septiembre de este año y fueron publicadas en el Diario Oficial pocos días después, entre el 5 y el 10 de octubre. Argueta agregó que todas estas asociaciones están ubicadas en los alrededores de los embalses de las presas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

La persona electa, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, tiene un hermano que trabaja como abogado de cinco empresas supervisadas por la SIGET, lo cual implicaría un conflicto de interés y por ello la ley lo inhabilita, dijo Argueta. Mientras que la persona electa como suplente, Félix Cantalicio Cardona, propuesto por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (COLPROCE), es concejal en una alcaldía del FMLN. Sánchez Trejo fue designado embajador de Colombia durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Antes fue presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Argueta explicó que como gremial están analizando acudir a la Sala de lo Constitucional o a la Sala de lo Contencioso Administrativo, y afirmó que la solvencia que se entregó a Sánchez Trejo es ilegal porque no tomó la relación de su hermano con la SIGET. La intención tras la elección es, según ANEP, aprobar en la junta de directores de la SIGET un proyecto de ETESAL, empresa de la CEL, y es la que se encarga de las líneas de transmisión, para la construcción de una línea que uniría los municipios donde están los embalses de las presas hidroeléctricas y que costaría $800 millones, algo que hasta la fecha no ha sido aprobado porque ese monto se cobraría en la factura de los hogares salvadoreños.

“Estos $800 millones inicialmente no cumplían con los parámetros de la junta de directores de SIGET, sobre todo nuestro representante, como es la planeación y la justificación del porqué se tenían que dar esos $800 millones, entonces deciden sacar al sector privado”, explicó el abogado de ANEP. En la SIGET hay un “silencio administrativo positivo” que se aplica cuando alguien apela a una decisión. Esto significa que cuando la CEL apele a la resolución, tendrían el aval del sector privado, esté o no esté Sánchez Trejo.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó las posturas de la SIGET, CEL y la Presidencia, pero al cierre de esta nota ninguna de las instituciones se pronunció.

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