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Cuestionan reformas a delitos fiscales

FUSADES dijo que las reformas podrían prestarse a abusos por parte del Estado.
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La Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) criticó el proyecto de reformas presentado en agosto pasado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa con iniciativa de ley, que incluye enmiendas al Código Penal para castigar los delitos fiscales.

De acuerdo con la entidad, las enmiendas propuestas podrían prestarse a abusos por parte del Estado, “institucionalizando penalmente el cobro de las deudas a su favor, y a afectar los derechos fundamentales de los contribuyentes”.

El proyecto de reforma está actualmente en estudio en la comisión de legislación y puntos constitucionales. Este propone cambios en el artículo 249 del Código Penal, y amplía las prácticas consideradas defraudación al fisco. También crea los artículos 252 a y b, que tipifican dos nuevos delitos en los que podrían incurrir funcionarios públicos.

FUSADES asegura que el proyecto viola el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, pues elimina actos previos a la persecución penal, como que haya una deuda en firme comprobada en las instancias respectivas.

Añade que se infringe el principio de legalidad en la redacción de los artículos nuevos, y que vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, pues establece como delito perseguible penalmente la apropiación indebida de reintegro o devoluciones por parte del Estado, en lugar de procesarlo administrativamente. “No guarda relación equiparable el hecho con la pena”, indicó FUSADES en un comunicado.

“La reforma es inconveniente e intimidatoria, desnaturalizando la vía penal al instrumentalizarse indebidamente el poder punitivo del Estado como medio persuasivo para recaudar impuestos, cuando es por la vía administrativa que debe llevarse a cabo dicho cobro”, sostiene la entidad.

La propuesta de la fundación es que se mejoren los mecanismos internos del Ministerio de Hacienda, para determinar indicios sobre la posible existencia de delitos y remitir oportunamente la certificación respectiva a la Fiscalía General de la República (FGR), para que esta proceda a hacer el cobro efectivo y fortalecer a la misma FGR.

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