Daboub pide que se investigue origen de fondos en caso “papeles de Panamá”

El empresario explicó que la médula de las investigaciones deben ser el origen de los fondos.
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El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, pidió ayer analizar los casos del escándalo de los “papeles de Panamá” uno por uno. Según él, la modalidad del manejo de cuentas llamadas “offshore” no implica necesariamente evasión fiscal, por lo que pidió profundizar en el origen y el uso de los fondos.

De acuerdo con Daboub, cuando una empresa finaliza un año de operaciones en un país, debe pagar todos los impuestos, aún si va a repatriar sus ganancias; y al llevar su dinero a otro país, debe pagar impuestos nuevamente. La diferencia de Panamá, según el dirigente, es que las empresas no deben pagar al fisco cuando llevan sus capitales ahí.

“Esos recursos, cuando llegan a Panamá, no vuelven a pagar impuestos, pero no quiere decir que no pagaron impuestos en el país donde ejecutaron su labor empresarial”, acotó.

Empero, aclaró que el origen y el uso de los fondos de los implicados puede llegar a ser ilegal, aunque solo abrir las cuentas “offshore” no lo sea. El líder gremial insistió en que se puede identificar un delito solo con una investigación extensa.

“Si hay alguien que quiere ir ahí porque está evadiendo impuestos en su país, o porque está llevando dinero mal habido, eso es otra cosa”, dijo el empresario.

Además, agregó que “los paraísos fiscales existen, porque existen los infiernos fiscales”, refiriéndose a políticas fiscales que desmotivan al inversionista.

Pero además, el dirigente gremial condenó a quienes evaden su responsabilidad con el fisco y cuestionó al Gobierno por no aplicar los instrumentos legales para cobrar los impuestos.

En esa línea, Waldo Jiménez, uno de los directores de ANEP, recordó el estudio que hizo Francisco Lazo, funcionario del expresidente Mauricio Funes y del actual Gobierno, en el que señalaba una evasión superior a los $2,400 millones.

De acuerdo con la gremial, el Estado no está aplicando la ley vigente en muchos casos.

Jiménez señaló que si los $2,400 millones son reales, y si el Gobierno los pudiera recolectar, podrían evitar las solicitudes de préstamos para seguridad.

Además, apuntó que esos fondos podrían aliviar la falta de liquidez en el Estado y no sería necesario que el Estado tome control de parte de los ahorros que alimentan los trabajadores para recibir una pensión.

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