Delincuencia limita trabajo en café y caña

Los asesinatos de cortadores de café muestran una entre tantas consecuencias que tiene la delincuencia organizada sobre actividades productivas. En caña tienen problemas para pagar jornales.
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Los crímenes contra los trabajadores del campo y las propiedades productivas en la zona rural han llevado a la caficultura y la agroindustria azucarera a una situación crítica. El control de las pandillas en los territorios, quemas no controladas en los cañales y robos complican los problemas que arrastran por la baja producción y los precios de compra en los mercados de exportación.

Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial (CAMAGRO), detalló que en Sonsonate, La Libertad y Santa Ana, los grupos criminales como las pandillas han ejercido una fuerte presión sobre los cortadores de café. Solo este año se reportan cinco cortadores asesinados, pero los mismos productores dicen que hay más y que también han asesinado a los mandadores de las fincas (los empleados que se encargan de cuidar y vigilar el mantenimiento agrícola).

“En el campo es donde más se hace sentir. En las zonas rurales no hay mayor mecanismo de defensa”, explicó Martínez.

Tres productores de café consultados por este medio (uno de Ahuachapán, otro en Santa Ana y uno más en la zona paracentral) y que pidieron reserva de identidad explicaron que las pandillas restringen el ingreso de cortadores a las fincas si provienen de una zona rival. También hay otros que pagan extorsión para mantener su producción.

En uno de estos casos, el productor narró que en dos años han matado a cinco empleados de la finca -otros dos murieron en un hecho violento- el mandador incluido. Todos con arma de fuego.

El nuevo mandador explicó que en esa finca coinciden los límites de dos zonas controladas por pandillas distintas. “Llegan en grupos de ocho o nueve y suben hasta aquí (a pocos metros del casco de la finca). Llevan escopetas de las originales, llevan también M-16. Vigilan quién anda cerca. Nosotros mejor no involucrarnos con nadie”, comentó el trabajador.

Martínez dijo que esto pone en riesgo la disponibilidad de trabajadores. “Es el mayor riesgo. Hemos visto cómo en las zonas urbanas hay un éxodo. Si esto persiste, en el campo comenzará a pasar lo mismo”, enfatizó el presidente de CAMAGRO.

La revista Séptimo Sentido, de LA PRENSA GRÁFICA, publicó una crónica sobre cómo los habitantes de las comunidades que están en el volcán de Izalco tuvieron que abandonar el hogar luego de múltiples asesinatos atribuidos al control de pandilleros.

Óscar Orellana, de PROCAÑA, dijo que para la zafra prácticamente se han resignado a ponerse de acuerdo con los criminales para que dejen pasar a los rozadores. “Ya no se pueden hacer labores nocturnas y la jornada de trabajo se reduce”, agregó Orellana. Otro cambio que han hecho es contratar cuadrillas especiales -además de los agentes de seguridad privada que ya tienen- que vayan junto a los cortadores de caña en su faena, para cuidarlos.

“Antes, el pago (al jornalero) se podía hacer en la propiedad, pero ahora tenemos que hacerlo a través de agencias de seguridad o encontrarnos en otro local”, detalló Orellana. Los transportistas de las rastras también pagan extorsión o son víctimas de asalto en su ruta hacia el ingenio.

Martínez y Orellana destacaron el papel que ha tenido la Policía Rural para reducir en lo posible el impacto de la delincuencia, pero señalan que hay más desafíos para proteger al trabajador.

La Asociación de Beneficiadores de Café (ABECAFE) ha manifestado a través de sus representantes que se debe mantener el trabajo coordinado con la Policía Rural, pues ha dado resultados.

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