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Depósitos públicos caen $352 millones desde mayo

Los depósitos públicos sumaron $1,536.4 a septiembre. Ese mes entró en vigor una nueva disposición para quitar límites a la concentración en bancos estatales.

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Sin restricción. Los bancos estatales ya no tienen restricción de recibir depósitos públicos.

Sin restricción. Los bancos estatales ya no tienen restricción de recibir depósitos públicos.

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Los depósitos públicos en el sistema financiero nacional comenzaron a caer en mayo pasado, según estadísticas oficiales.

Hasta abril, las instituciones del estado tenían $1,889.1 millones en los bancos del sistema financiero, pero esta cifra disminuyó a $1,536.4 en septiembre pasado; es decir $352.7 millones menos, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

En un año los depósitos públicos bajaron un 1.7 %, después de venir con tasas de crecimiento de doble dígito a inicio del año. Además, los montos de septiembre fueron $29.5 millones menores que en agosto, donde los depósitos de las instituciones públicas rondaron los $1,565.9 millones; mientras que en julio fueron de $1,654.5 y llegaron a los $1,680.9 millones en junio.

Si se compara este año con la tendencia de 2020, cómo se puede ver en la gráfica, los depósitos tenían un comportamiento creciente en este periodo y cayeron fuertemente hasta el cierre del año.

Y es en esta situación que el pasado 13 de septiembre el Ministerio de Hacienda modificó los lineamientos para la colocación de depósitos e inversiones de las instituciones públicas.

Hasta esa fecha, por ley las instituciones públicas podían tener hasta un 40 % de sus depósitos e inversiones en los bancos estatales (Hipotecario y de Fomento Agropecuario), mientras podían mantener hasta un 20 % de las mismas en los bancos privados.

Esta disposición tenía como objetivo "establecer normas prudenciales para evitar concentración de los recursos del sector público en las instituciones que integran el sistema financiero y limitar riesgos potenciales derivados de dicha concentración".

Pero con la nueva disposición de Hacienda dada a conocer en una circular de la Dirección General de Tesorería, se señalaba que se modificaban y "no se les aplicará ningún límite para depósitos e inversiones totales en el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Agropecuario".

Es decir, que si las instituciones públicas como FOVIAL, CEL, CEPA, ANDA, La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), el ISSS, CNR, FONAVIPO, INSAFORP, IPSFA, FINET, caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, entre otras instituciones, quieren poner el 100 % de sus depósitos en los bancos estatales, lo pueden hacer.

Riesgos

Para los analistas esta situación desde el punto de vista financiero no es la más adecuada y desde el punto de vista fiscal deja muchas preguntas, sobre todo tomando en cuenta el momento en que se toma una decisión de este tipo.

"Es algo que no debería de ocurrir porque se manejan los riesgos de manera desconcentrada", explica el economista Luis Membreño, que detalla que se colocan en diferentes bancos para evitar el riesgo que si se maneja en uno solo, eso le afectará a la institución que tiene los depósitos.

Ya que se vuelve un riesgo para el banco mismo, porque no puede devolver los depósitos de una manera tan rápida. "El negocio de un banco es recibir el depósito y prestarlo, al tenerlo así se vuelve un riesgo para mantenerlo", detalla.

Eso considera, también, el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, según comentó en un programa televisivo.

"Si el Gobierno colocara todo su dinero, CEL, CEPA, ANDA, ISSS... si todo eso se colocara en un banco pequeño del Estado, se genera un gran riesgo para el banco. Siempre ha habido topes del monto de depósitos que el Gobierno o instituciones públicas podían tener en bancos estatales chiquitos. Hoy el tope se ha quitado y el Gobierno puede concentrar todos sus fondos en dos bancos estatales", indicó.

Hasta junio pasado (que es el último dato disponible), el Banco Hipotecario tenía $438,269.4 en depósitos públicos, casi un 26 % del total del sistema. Mientras que el banco de Fomento Agropecuario (BFA) tenía $44,839.9 (un 2.66 %).

Pero a ello también se agrega un problema desde el punto de vista fiscal, "siendo uno mal pensado, si uno lo ve en el contexto fiscal, la impresión que da, para ponerlo en buen salvadoreño, es que el Gobierno está raspando ollas para sacar lo último que tiene de dinero y tenerlo fácilmente disponible para manejarlo de una manera, no más holgada, pero por ahí va la cosa, toda la liquidez que esté al alcance del Gobierno para hacerle frente a los flujos de la caja fiscal", agregó Acevedo.

Ricardo Castaneda, también señala que todos los análisis indican que es para solventar una situación fiscal, sobre todo en el contexto que se toma esta decisión.

"¿Qué sucede, si la mayor parte de los fondos públicos están en los bancos privados? significa que los bancos privados son los que deciden qué inversiones van a hacer con este dinero; qué puede ser dar préstamos a privados o comprar LETES y CETES; pero si ese dinero que estaba en privado lo pasa completamente a bancos públicos, ahí es más fácil (que el gobierno) incida en qué se va usar ese dinero que son fondos públicos, eso pudiera ser un mecanismo para que los bancos públicos puedan adquirir LETES y CETES", detalló.

De las últimas convocatorias de LETES y CETES hechas por el Ministerio de Hacienda no todas se han logrado colocar completamente. Por ejemplo, la semana pasada, se ofertaron $30 millones en LETES y solo se logró colocar (a un solo comprador) $10 millones.

Para Membreño esto demuestra que el gobierno quiere ocupar este dinero para otro fin, como comprar títulos valores o tener algún tipo de préstamo.

"Esto demuestra que hay una gran iliquidez de parte del gobierno que está viendo de donde saca dinero para poder cubrir sus necesidades de fin de año", agregó.

Castaneda, señala que los funcionarios debían de responder porqué pasan estas reformas, "si hay problemas de liquidez ahorita, ¿por qué están permitiendo que el 100 % de los depósitos vaya a pasar a la banca pública, por qué en este contexto?", señala.

Para la elaboración de esta nota se buscó la postura del Ministerio de Hacienda, pero no se obtuvo respuesta. Igualmente se buscó la postura de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) y no respondieron a la solicitud de este medio.

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