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Deuda afecta distribución del presupuesto en El Salvador, según instituto financiero

El ICEFI advierte que el peso de la deuda pública vuelve rígido el presupuesto: no hay espacio para tomar decisiones de política fiscal como variaciones significativas entre partidas o una mayor asignación de recursos al área social.

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El Salvador, el país de Centroamérica con mayor restricción presupuestaria como consecuencia del tamaño de su deuda, debe destinar el equivalente a un 3.7 % de su Producto Interno Bruto (PIB) para el servicio de la deuda, según datos retomados por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en su informe "Perfiles macrofiscales de Centroamérica".

Las cifras corresponden a 2018 y el panorama es menos esperanzador para 2019. Este año, el país destinó $1,015.2 millones del presupuesto –que en total sumaba $5,467.5 millones– al pago de la deuda pública, pero en 2019 esta cifra llegará a los $1,822.8 millones, casi un 80 % más, según datos del Ministerio de Hacienda.

Mientras el presupuesto 2019 muestra este aumento importante en el rubro de deuda pública, hay reducciones en áreas como educación, seguridad, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, entre otros. Las áreas que tendrán pequeños incrementos incluyen al Ministerio de Salud, que incluirá el pago del escalafón a los empleados del rubro, y al Ministerio de Economía, que ha pedido más recursos para cubrir el pago del subsidio al gas propano para un poco más de 1.1 millones de beneficiarios de esta subvención estatal.

Rigidez

La rigidez presupuestaria es un problema para los países, puesto que no tiene margen de maniobra para tomar decisiones de política fiscal, como a qué áreas destinar más o menos recursos: la mayoría del dinero se va al pago de la deuda e incluso se debe buscar más endeudamiento para lograr pagar las obligaciones de cada año. En 2019 se dará, precisamente, una situación así: El Salvador deberá buscar financiamiento por $800 millones para pagar una deuda anterior, bonos de El Salvador que vencen en diciembre del próximo año.

Mientras el país debe destinar un 3.7 % de su PIB al pago de deuda, la inversión pública en el área de educación es, por ejemplo, de un 3.2 %. La proporción será aún menor en 2019, puesto que el presupuesto para esta área se reducirá en $5 millones. La reducción ha sido progresiva, ya que en 2015 la proporción destinada a educación equivalía al 3.6 %.

Lo mismo sucede con salud. En 2018, su presupuesto equivale al 2.1 % del PIB, y si bien para 2019 se espera que aumente unos $24 millones, estos fondos se destinarán principalmente al pago de los escalafones para nivelar los salarios de los empleados del sector.

"Los problemas relacionados con la baja cantidad de recursos disponibles para el gasto público y la consecuente pobre atención de las necesidades ciudadanas son sumamente complicados de resolver en la región", señala el ICEFI en su informe, y agrega que la evasión fiscal y la corrupción –el uso inapropiado de los recursos por parte de los aparatos públicos– afectan la moral tributaria de los contribuyentes. "Este último aspecto hace casi imposible lograr un consenso, en cualquiera de los países de la región, sobre la necesidad de incrementar el gasto público, tanto para promover el bienestar social como la productividad del país".

En países como El Salvador, que no tienen una moneda propia, los gobiernos no pueden tomar medidas de política monetaria para incidir en la economía, y es a través de la política fiscal que pueden tener incidencia sobre el crecimiento económico.

El ICEFI señala, por ejemplo, la estructura del gasto público en El Salvador. El diseño del presupuesto del país es una importante herramienta de política fiscal, pues se decide cómo y en qué se usará el dinero de los contribuyentes. Para 2018, sin embargo, el presupuesto del país se usó principalmente para costear el funcionamiento del Estado y para el pago de deuda. La inversión se llevó la menor de las tajadas.

De un presupuesto que equivale al 20.4 % del PIB, el gasto en funcionamiento del aparato estatal representó un 13.7 % del producto; el pago de deuda, un 3.7 %, y el gasto de capital o inversión, solo un 3 %.

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