Deuda pública subió $1,500 mill al cierre de 2012

El saldo a diciembre pasado refleja el efecto de los bonos y la deuda flotante. Analistas advierten que las pensiones presionarán cada vez más la disponibilidad de efectivo durante los próximos años.
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La colocación de bonos y la deuda flotante incrementaron el saldo de los compromisos financieros que adquirió el Gobierno el año pasado. Según la información que publicó el Ministerio de Hacienda (MH), en comparación a 2011 la deuda pública total cerró en $13,480.1 millones, es decir, un incremento de $1,551.4 millones. Además, es equivalente al 56.5% de lo que se produce anualmente.

En diciembre, los diputados aprobaron al MH salir al mercado internacional y obtener financiamiento por $800 millones a través de eurobonos. Este tipo de deuda es más flexible en plazos, pero honrarla es más caro para el fisco.

Los analistas coinciden en que tanto los bonos como las pensiones incrementaron el saldo.

Cambios en enero

El dato al 31 de diciembre suma la colocación de bonos y la cantidad de deuda flotante que se había acumulado, por $836 millones.

Según la misma fuente de información, la cantidad de Letras de Tesoro (LETES) incrementó $276.7 millones respecto del cierre 2011. Estos títulos son la misma deuda flotante o de corto plazo, que se devuelve por completo a los acreedores en 365 días máximo. Cuando Hacienda pudo disponer del dinero recolectado con los bonos, sustituyó un porcentaje de las LETES y el plazo de vencimiento se movió a 12 años.

Rommel Rodríguez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), resaltó que para febrero se podrá observar el efecto que tuvo esta reestructuración para la deuda pública total. “Una vez se realice el pago, la deuda pública debería bajar”, dijo el experto.

Hasta la primera semana de enero, las LETES habían bajado hasta $492 millones, por efecto de esta reestructuración. Luego, el 15 de enero y el 22 de enero, Hacienda acudió de nuevo a los inversionistas para financiarse con LETES. Según la información en la página electrónica de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) por estos dos movimientos se agregaron $98 millones más. La diferencia se observará hasta febrero.

Rodríguez resaltó que este tipo de endeudamiento continuará porque “el Gobierno, como no presentó un presupuesto equilibrado, necesitará financiamiento adicional para seguir funcionando”.

Hay compromisos que no se incluyeron en el presupuesto 2013, como el subsidio pendiente de cancelar a los empresarios del transporte público y que ahora Hacienda busca cómo pagar. “La emisión mensual (de LETES) se ha vuelto una costumbre, son problemas que se van solucionando en el camino”, dijo Rodríguez.

Hay otros riesgos adicionales vinculados a 2013, como el período preelectoral. “Es difícil, aunque deseable, que un Gobierno tenga disciplina fiscal en un año preelectoral porque busca mantener el gasto social”, según Rodríguez. Añadió que esto profundizará la necesidad de financiamiento adicional, porque los ingresos no darán abasto para el gasto público.

Además, en la información que publicó el MH también aparece que los principales acreedores del Gobierno son inversionistas: el 52.9% del saldo está en manos de personas naturales y jurídicas, en comparación a los bancos multilaterales y países amigos. El economista de FUNDE resaltó que este tipo de compromisos “está sujeto a los vaivenes del mercado y suele ser más caro pagar”.

El otro riesgo que añadió Rodríguez son las pensiones y su efecto en la disponibilidad de liquidez para el fisco.

Pensiones

Cada año, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invierten en títulos que coloca el Gobierno. El plazo de pago es a 35 años, pero cada período se debe honrar una cantidad específica, en efectivo, para salir adelante con las personas que ya necesitan esta asistencia.

En 2012, se requirieron $2,193.4 millones para atender a los empleados retirados. De cada $100 en deuda pública, $9.2 son pensiones.

Claudio De Rosa, analista y consultor, explicó que si se suma el compromiso de las pensiones, el endeudamiento fue de $3.2 millones por día.

Omar Martínez, superintendente adjunto de pensiones, explicó que el sistema vigente a partir de 2006, que compromete al Estado con las AFP, “no resolvió el problema fiscal del Estado en un corto plazo y estoy hablando de los próximos 25 años”, comentó.

En 2006, la creación de un fideicomiso logró retener otro endeudamiento de mayor envergadura. Pero la carga económica que tendrán las pensiones para las finanzas públicas no se resolverá si no hasta 25 años después de aprobado el fideicomiso 2006.

“Esto se irá acelerando con el paso de los años”, afirmó Rodríguez.

Martínez dijo que siguen evaluando salidas a la deuda como incrementar la recaudación, a través de más ahorro entre los empleados o “reevaluando, en el tiempo, los beneficios que se da a los pensionados”.

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