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Diálogo fiscal debe ir más allá del presupuesto 2018: analistas

Diferentes expertos de organismos recomiendan a los políticos mantener el diálogo en aras de lograr acuerdos de mediano y largo plazo.
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El problema fiscal de El Salvador no se limita al presupuesto para 2018 o al refinanciamiento de la deuda que debe pagarse a partir de 2019, aseguraron analistas. Expertos de diversas entidades insisten en que en El Salvador se debe de mantener un diálogo político que permita un acuerdo fiscal de mediano y largo plazo que dé sostenibilidad a las finanzas públicas en los próximos años. Coinciden en que el acuerdo para aprobar la reforma de pensiones hace unos meses fue un buen primer paso.

Moody’s, una de las agencias de calificación de riesgo que evalúa si el país es o no un buen pagador, mantuvo la calificación de Caa1 aún después de la reforma de pensiones de septiembre, cuando las otras agencias, es decir Fitch Ratings y Standard & Poor’s, mejoraron su evaluación de la deuda salvadoreña.

Ariane Ortiz-Bollin, vicepresidenta asociada de Moody’s, explicó cuando estuvo en el país que el acuerdo para la reforma al sistema de pensiones fue positivo porque demostró que hay posibilidad de llegar a un consenso, pero que al igual que el pacto fiscal de finales de 2016 no es suficiente.

“Son acuerdos que son relativamente menores en relación con los desafíos, sobre todo en cuestión de liquidez. Sí veo con cierta preocupación que los acuerdos cada vez requieren de muchísimo esfuerzo y son pequeños”, dijo en aquel entonces.

Para la analista, El Salvador tiene que demostrar que podrá hacer frente a sus compromisos futuros, no solo a los actuales, eso pasa por votar por el financiamiento para el presupuesto 2018, pero también por resolver cómo se afrontarán los próximos vencimientos de deuda, el más cercano es en 2019.

Otro señalamiento es la deuda de corto plazo, que ha estado ausente del diálogo fiscal. El país tiene un saldo de $745.8 millones en Letras del Tesoro (LETES); estos instrumentos son la forma que usa el Gobierno para prestar para necesidades inmediatas. Los coloca, es decir, los vende a inversionistas y luego cuando finaliza el plazo de la LETE, el Estado le tiene que pagar el valor de esta.

La ganancia de los inversionistas es porque compran las LETES a un valor menor, entonces cuando el Gobierno les paga, ganan la diferencia. En la práctica esa forma de pagar es como una tarjeta de crédito; de hecho en enero de este año el Gobierno debía más de $1,000 millones en concepto de LETES. En marzo el saldo bajó a $726 millones y desde entonces la cifra se ha mantenido en un valor cercano.

Esto se debe a una práctica conocida como “roll over”, que es cuando el Gobierno para los inversionistas emite más LETES; como pagar la tarjeta de crédito con otra tarjeta.

Para Moody’s es necesario resolver esa situación porque la mayoría de los tenedores de LETES son bancos y aunque estos sigan comprando, existen riesgos, como que las casas matrices de esos bancos pidan reducir la inversión en deuda del Gobierno o que las tazas de intereses se hagan más caras.

Además, la deuda de corto plazo es un elemento de presión para las finanzas públicas, porque agrega a cuentas pendientes lo que el Estado tiene que pagar y reduce su capacidad para pagar nuevos compromisos.

De hecho, en el presupuesto para 2018 15.6 % del dinero se utilizará para pagar deudas, mientras que el 69.9 % corresponde solo a gastos de funcionamiento, lo que deja 14.5 % para gastos de capital. Esto significa que el Estado pagaría más por sus deudas pasadas que en inversión para el desarrollo.

Carlos Pérez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), afirma que el diálogo político debe de mantenerse para concretar nuevos acuerdos después de que se aprobó la reforma de pensiones.

Para este experto en políticas fiscales, el país ya no necesita de un ajuste fiscal drástico para corregir la situación crítica de las finanzas públicas, pero sí demanda que se aprueben reformas fiscales más estratégicas para encaminar la economía.

De acuerdo con FUNDE, la reforma de pensiones que se aprobó este año va a permitir que el déficit fiscal del país sea de 2.2 % del PIB en 2018. Con la reforma hubiese sido de 4 %. La deuda total del país también será más baja.

“¿Qué se tiene qué hacer para mantener esos beneficios? El ajuste fiscal para corregir la trayectoria de las finanzas públicas es de repensarlo y diseñar una reforma más estratégica que no afecte el crecimiento económico, pero que sí incremente la recaudación y que eso permita que se tengan más recursos para aumentar las asignaciones a las áreas prioritarias para el desarrollo, combinado con la eficiencia y calidad del gasto”, planteó Pérez.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera, recomendó: “Continuar con los consensos políticos que permitan restablecer la calificación de riesgo país”, y acordar una política de endeudamiento de mediano y largo plazo.

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