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El Salvador a contrarreloj para controlar crisis fiscal

Aunque el Gobierno y la oposición llegaron a un primer acuerdo para evitar que el país caiga en impago, la medida está lejos de ser una solución integral.
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Hacienda continúa en problemas.  El Ministerio de Hacienda aún no supera la iliquidez. Los problemas de recursos persisten, pese a acuerdos entre partidos políticos.

Hacienda continúa en problemas. El Ministerio de Hacienda aún no supera la iliquidez. Los problemas de recursos persisten, pese a acuerdos entre partidos políticos.

El Salvador a contrarreloj para controlar crisis fiscal

El Salvador a contrarreloj para controlar crisis fiscal

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De toda la región centroamericana, en donde las alarmas fiscales suenan con más fuerza es en El Salvador. La economía del país se ha debatido en los últimos meses por no caer en quiebra y aunque medianamente lo ha logrado, aún no está a salvo.

El Gobierno y las fuerzas políticas y económicas saben que ya no hay tiempo para debatir y que es urgente aplicar medidas que den un golpe de timón para ordenar las finanzas públicas.

De hecho, esa situación es la que obligó al partido de oposición y al Gobierno a llegar a un primer acuerdo en el tema fiscal: la aprobación de $550 millones en bonos para que el país no caiga en impago a cambio de una Ley de Responsabilidad Fiscal.

Sin embargo, esas dos medidas, en respuesta a los dos grandes problemas que tienen en vilo a la economía, es decir, la crisis fiscal, y en consecuencia la iliquidez en la caja chica del Gobierno, no son, ni por asomo, una solución integral.

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), comenta que aunque ese primer paso fue plausible, este se tomó casi a punto de caer en impago y no es una reforma estructural.

“Creemos que este buen primer paso debe servir para una discusión más profunda sobre los retos de la política fiscal. Porque los acuerdos alcanzados solo oxigenan la política fiscal, pero no la corrigen, no corrigen los grandes problemas estructurales que tiene el país en materia fiscal”, señaló.

En el análisis del tanque de pensamiento, en los últimos tres lustros, el país no ha construido una política fiscal fuerte que busque consolidarse.

“En los últimos 15 años, la política fiscal ha tenido una tendencia más a construir un país para sobrevivir que un país para el desarrollo. Eso quiere decir que todavía la política fiscal tiene un rol muy marginal desafortunadamente en la construcción de una sociedad con mayor bienestar”, sentenció.

Así, de acuerdo con el ICEFI, además de caminar hacia una política de ese tipo también se debería trabajar en lograr un equilibrio entre el gasto y los ingresos. Con ello se alcanzaría un Estado más eficiente y al que le llegan suficientes recursos; algo, esto último, que no se ha logrado, a pesar de las reformas de los últimos años.

Waldo Jiménez, director de asuntos económicos y sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), lamentó, por su parte, que el país esté atravesando una situación como la actual, sobre todo porque buena parte del problema deriva de un mal manejo de la hacienda pública y de que no exista un modelo de desarrollo sostenible.

“Los diferentes gobiernos invierten los recursos de manera inadecuada en programas que no tienen objetivo de mediano y largo plazo, sino solo de corto plazo. Buscan cómo la gente experimente los menores costos posibles frente a eso. Entonces eso hace que gastemos dinero un año y todos los años, como pasa con los subsidios y los programas sociales sin resultados”, expresó Jiménez.

En opinión del economista de la ANEP, con decisiones acertadas y consistentes, con disciplina y políticas públicas adecuadas, El Salvador, al ser una nación pequeña, podría tener crecimiento económico alto lo que permitiría invertir en las necesidades de los más pobres y habilitarlos para que participen en la economía formal.

Al igual que Menkos, Jiménez coincide en que los primeros acuerdos alcanzados en materia fiscal son positivos, pero también indica que aún es prematuro opinar sobre la referida Ley de Responsabilidad Fiscal, debido a que las metas expuestas están sujetas a cambios con la actualización de la metrología del PIB.

De ser así, las metas bajo las que se firmó la ley podrían sufrir modificaciones.

A corto y mediano plazo

Aunque el Gobierno logró finalmente la aprobación de $550 millones en bonos, este aún no ha resuelto su problema de iliquidez para este año, ya que dicho endeudamiento se obtendrá hasta en enero.

De ese modo, el Ministerio de Hacienda sigue emproblemado para responder al pago de sus necesidades básicas para terminar el año, obligaciones que rondan los $220 millones.

Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (FUNDE), expone que el acuerdo alcanzado la semana pasada fue solo para salir del apuro.

Por ello, el tanque de pensamiento que dirige preparó un listado de acciones articulado alrededor de cuatro ejes que buscan una corrección fiscal integral.

“El acuerdo que se ha tomado aunque es para salir de la prisa y del apuro de fin de año, sí sienta algunas bases en la medida que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para que, en otra fase, más compleja, ya se apunte a soluciones hacia el largo plazo. Ya no solo para salir del apuro de meses, sino para salir de la situación crítica en la que nos encontramos”, declaró Rubio.

El equipo de economistas de FUNDE ha elaborado para el corto y mediano plazo una propuesta profunda que busca aportar soluciones en cuatro áreas de la estructura fiscal: ingresos, gastos e inversión social, deuda pública y fortalecimiento institucional.

De entrada el margen de maniobra es reducido y solo podría obtenerse liquidez ampliando el límite para emitir deuda de corto plazo o Letes, o haciendo un préstamo puente.

Si no se consigue por cualquiera de estas dos vías el Gobierno no tendrá para pagar salarios, aguinaldos, pensiones y medicinas de los hospitales, entre otras obligaciones.

Según la data recogida por FUNDE, con base en cifras oficiales, esta es la primera vez en la historia en que Hacienda agota al 100 % el monto autorizado para Letes que es de casi $1,300 millones. Por lo mismo, en esa dirección el margen de maniobra de Hacienda es reducido, a menos que por medio de la Asamblea Legislativa lograra una autorización para emitir sobre el límite.

Entre las medidas inmediatas, propuestas por la fundación, destaca la creación de un impuesto especial transitorio de emergencia del 1.5 % sobre los ingresos brutos para las personas jurídicas y naturales, excluyendo a los asalariados. Así como la eliminación de impuestos distorsivos como el de la primera matrícula de los vehículos, el impuesto a la tecnología y a la sobretasa de las ganancias de las empresas.

En el mediano plazo, FUNDE considera necesario aplicar un impuesto predial, impuestos por plusvalía a partir de la construcción de obras públicas e impuestos medioambientales. También sugiere la reducción en las remuneraciones con el congelamiento de escalafones, reducir el tamaño del aparato público y suspender contrataciones.

Por el lado de la deuda, sugiere, entre otras medidas, que se redefina el uso de las Letes, recurrir a préstamos de organismos multilaterales antes que a bonos e incluir la deuda en la aprobación del presupuesto anual.

En total, FUNDE calcula, que siguiendo todas sus recomendaciones, en tres años el Gobierno podría ver resultados en un ajuste del 5 % del PIB, equivalente a $1,333 millones.

Sobre ese complicado panorama fiscal y sus consecuencias, así como las reducciones en las calificaciones de riesgo del país, se conversará este día en la conferencia magistral organizada por la revista El Economista y Luis Membreño Consulting: “Perspectivas económicas para El Salvador en los próximos años y nueve claves para desarrollarlas”.

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