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El Salvador el país peor evaluado en cuanto a mal manejo de fondos públicos

El WEF ubica al país como el peor de C. A. en cuanto al desvío de fondos públicos. El BID advierte que la corrupción afecta a la población más necesitada, vuelve ineficiente el gasto público y frena la lucha contra la pobreza.

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El Salvador es el país de Centroamérica con peor percepción en cuanto a la transparencia en el uso de los fondos públicos. El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) mide esta variable en el Índice de Competitividad Global, a través del Índice de Desviación de Fondos Públicos. En el informe de 2018, el país obtuvo una puntuación de apenas 2.1, de un máximo de 7 posibles.

"Este ejercicio, como otros disponibles, trata de medir las percepciones sobre el mal uso en los recursos públicos, las cuales se originan, entre otros, en la carencia casi absoluta de información referente a los resultados de la aplicación del gasto de los Gobiernos, a la planificación del gasto y al uso eficiente de los recursos", explica el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en su informe "Perfiles macrofiscales de Centroamérica", sobre la evaluación de los países del área.

El índice, que se construye sobre un máximo de 7 puntos, asignó un promedio de 2.7 puntos a los países de la región: se percibe a los Gobiernos centroamericanos como aparatos con baja transparencia y altos niveles de desviación de recursos. Los países con la calificación más baja son El Salvador y Guatemala, que obtuvieron 2.1 y 2.3 puntos, respectivamente; mientras que Costa Rica registró la calificación más alta, con 3.6 puntos, todavía muy lejos de considerarse exenta del problema.

El Salvador ha procesado ya a dos expresidentes de la república por delitos vinculados a la corrupción. Antonio Saca, quien estuvo al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2009, fue sentenciado recientemente a 10 años de prisión por peculado –malversación o apropiación indebida de dinero público– y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Saca de liderar una estructura que desvió $300.3 millones de fondos estatales durante sus cinco años de gobierno.

Además, la FGR tiene abierto un caso contra el expresidente Mauricio Funes, quien gobernó el país entre 2009 y 2014, por el robo de $351 millones del erario público durante su administración. En este caso hay 32 involucrados, y Funes tiene calidad de prófugo, puesto que actualmente vive en Nicaragua bajo asilo otorgado por el Gobierno de dicho país.

Pérdidas y efectos

Según el ICEFI, El Salvador tiene problemas para mejorar su gasto en salud y educación; por ejemplo, por la llamada "rigidez" presupuestaria: se tiene que destinar el dinero a ciertas cosas ineludibles, como el pago de la deuda, lo que no permite mover fondos de una partida a otra según apuestas por mejorar el gasto en el área social o en inversión pública.

Pero a esta "rigidez" presupuestaria por la incidencia de la deuda se le suma el peso de la corrupción. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó este lunes el informe "Mejor gasto para mejores vidas", que analiza cómo se utilizan los fondos públicos en América Latina. En el documento, la entidad afirma que la corrupción también podría afectar el gasto. "Los países corruptos han sido más frecuentemente asociados con un bajo gasto público en educación y salud pública puesto que es más fácil cobrar suculentos sobornos en grandes proyectos de infraestructura o en sofisticados equipos de defensa que en libros de texto o en salarios docentes", señala.

En general, afirma el BID, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe gastan de manera ineficiente. La falta de profesionalismo, la negligencia, la corrupción o una combinación de todo ello infla el costo de los insumos utilizados para producir servicios en la región.

La entidad calcula que el malgasto en el área relacionado con la corrupción –por ejemplo, con sobreprecios pagados a proveedores que sobornaron a los funcionarios encargados de los proyectos– equivale a un 1.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) regional. Estos son recursos que dejan de invertirse en proyectos y servicios para la población de más bajos recursos, que es la que más demanda los servicios públicos, como salud y educación. En resumen, advierte la institución en su informe, la corrupción desvía dinero público que debería usarse en el combate a la pobreza.

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  • Mal manejo de fondos públicos

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