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El Salvador gana millonario litigio contra minera

OceanaGold, antes Pacific Rim, demandó al Estado salvadoreño por negarle permisos de explotación minera. El CIADI, organismo de resolución de disputas, dio la razón al país.
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Antecedente. El CIADI ya había desestimado una demanda de la minera Commerce Group en contra de El Salvador.

Antecedente. El CIADI ya había desestimado una demanda de la minera Commerce Group en contra de El Salvador.

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El Salvador ganó un litigio con la empresa minera canadiense OceanaGold, antes Pacific Rim, la cual había demandado al país por negarle permisos de explotación minera en su territorio.

La minera reclamaba que en 2002, durante la presidencia de Francisco Flores, se le otorgaron permisos de exploración para buscar oro en territorio salvadoreño, pero estos le fueron revocados en 2006 y luego se les negaron los avales para comenzar a explotar la mina El Dorado, al norte de Morazán, donde habían encontrado una veta del metal precioso.

Después de un intenso cabildeo interno, en busca de que las administraciones de Antonio Saca, primero, y de Mauricio Funes, luego, les dieran los permisos de explotación, la minera recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial.

En principio, Pacific Rim se amparó a los derechos que el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR, siglas en inglés) da los inversionistas. En 2012, el CIADI dijo que la minera no podía ampararse al CAFTA por ser una compañía canadiense, pero el litigio continuó bajo el supuesto de una violación de las leyes salvadoreñas que protegen a las inversiones extranjeras.

Pero el tribunal concluyó que el Estado salvadoreño siempre trató a este inversionista extranjero de acuerdo con la legislación local y que fue la minera la que no cumplió de forma estricta con los requisitos de las leyes del país.

Costes procesales

Fue el propio fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, quien informó desde Washington la resolución final del caso, en el que la minera exigía el pago de $250 millones por las pérdidas incurridas al negársele explotar el suelo salvadoreño. El CIADI no solo desestimó la demanda de la minera, sino que le ordenó pagar los costes procesales en los que incurrió El Salvador durante los siete años y medio que duró el proceso.

“El CIADI desestimó todos los reclamos de Pacific Rim y además condenó a la misma a rembolsarle al Estado unos $8 millones por los costos procesales. Es un triunfo de todo el pueblo de El Salvador”, dijo Meléndez. “Esperamos que la empresa minera acepte el resultado y reembolse prontamente ese dinero”.

Pacific Rim, empresa de capital canadiense, fue comprada en 2013 por la australiana OceanaGold, la que decidió continuar con la demanda contra El Salvador ante el CIADI. En un principio, Pacific Rim reclamaba la devolución de los $77 millones que invirtió en explorar terreno salvadoreño en busca de oro. Durante el proceso, la demanda se elevó a $314 millones y finalmente se había llegado a un reclamo por $250 millones, explicó Luis Parada, el abogado que defendió a El Salvador durante el litigio.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) celebró el fallo del CIADI. “Nos sentimos muy satisfechos con el veredicto a favor del Estado salvadoreño”, dijo Lina Pohl, titular de la entidad. “Nuestro país ha ganado este arbitraje de una forma contundente y muy positiva, principalmente en este momento donde el Estado salvadoreño tiene problemas fiscales. El tribunal arbitral desestimó todos los reclamos de Pacific Rim”.

Pohl explicó que el MARN realizó una evaluación ambiental estratégica de la minería metálica, que determinó que las condiciones actuales el país no eran las adecuadas para el desarrollo de la actividad minera, ya que se comprometían los recursos naturales, en específico el agua.

El ministerio concluyó que los yacimientos mineros atraerían empresas pequeñas que no manejan estándares de alto nivel, y advirtió que hay debilidad en la institucionalidad en torno a la supervisión y regulación de la minería metálica.

“Definitivamente nos sentimos satisfechos y muy orgullosos de este laudo arbitral. Esta gran victoria no es solamente de orden jurídico, esta victoria es para el pueblo salvadoreño. Desde un principio, el pueblo tanto como el Estado y el Gobierno, hemos trabajado en la defensa de este caso”, dijo, por su parte, el fiscal general. “Este caso nos deja un mensaje y nos recuerda que los Estados, y en este caso el Estado de El Salvador, están expuestos a este tipo de demandas multimillonarias. Por lo tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad del país, en defensa del medio ambiente”.

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