El Triángulo Norte está estancado por la violencia: BID

Informe señala que los tres países están en un círculo vicioso de bajo crecimiento e inseguridad.
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El Salvador, Guatemala y Honduras, la región conocida como el Triángulo Norte, se encuentran en una trampa por la situación de violencia y el crecimiento económico. La zona tiene, según Gina Montiel, gerente del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, un potencial económico que no logra alcanzar.

“El Triángulo Norte de América Central tiene un enorme potencial. Con 30 millones de habitantes y un PIB combinado de $110,000 millones, es la novena economía más grande de América Latina y el cuarto exportador de productos manufacturados, por valor”, señala Montiel en el informe de escenarios futuros para la región que publicó el BID.

No obstante, la región está rezagada en desarrollo porque las economías no logran crecer a niveles suficientes para generar fuentes de trabajo, lo que, según Montiel, se traduce en incentivos para las actividades delictivas.

“La erosión de un crecimiento que, de otra manera, sería sostenido, expone al Triángulo Norte a un círculo vicioso. El crecimiento económico moderado genera menos empleos para los jóvenes. Esto, a su vez, crea más incentivos para participar en actividades ilegales y delitos, que luego obstaculizarán el crecimiento”, afirmó la experta.

De los tres países que componen la microrregión, el que tiene los peores indicadores de inseguridad es El Salvador. El país es también el que menos crece económicamente y el que recibe menos inversión extranjera directa.

“Las estimaciones recientes demuestran que el costo económico del crimen y la violencia es de aproximadamente el 10 % del PIB en El Salvador y Honduras, y de casi el 8 % del PIB en Guatemala”, continúa Montiel, autora invitada en la publicación del BID.

El Banco Central de Reserva (BCR) encontró cifras aún más desalentadoras. El último informe que abordó el tema y que se publicó el año pasado encontró que el costo total de la violencia para el país, en 2014, fue de $4,026.3 millones.

El monto equivale al 16 % del PIB de ese año y considera costos como atención a víctimas, combate al crimen y lo que las personas dejan de producir al verse forzados a dejar de trabajar, pero deja de lado factores como el turismo que no llega al país y las inversiones que no se realizan.

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