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El país debe mejorar la investigación de crímenes financieros

Para combatir el crimen organizado, hay que apostarle a la inteligencia financiera, señaló un experto.
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Las capacidades de investigación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) deben fortalecerse si el país quiere aplicar de forma efectiva la Ley Especial de Extinción de Dominio, que permitiría combatir mejor a las estructuras de crimen organizado, según el experto en prevención de lavado de activos y ex fiscal general de Colombia, Wilson Martínez.

La ley permite confiscar bienes a los criminales y utilizarlos para financiar instituciones encargadas de proveer seguridad pública, como la FGR y el Ministerio de la Defensa.

De acuerdo con el colombiano, la ley es solo un primer paso, pero hace falta que el país tenga una mayor capacidad para identificar y ubicar el dinero que viene de actividades ilícitas. En esa línea explicó que es necesario fortalecer a la UIF no solo en presupuesto, sino formando a personas especializadas y adquiriendo la tecnología necesaria, un proceso que toma tiempo.

De hecho, el experto agregó que “nadie en la comunidad internacional espera que El Salvador tenga todo esto”.

Combatir a las estructuras de crimen organizado pasaría por atacar directamente su flanco financiero, según Martínez.

“La sociedad moderna está en guerra con el crimen organizado, y las guerras modernas no se ganan con balas, sino con inteligencia; no es comprando armas ni municiones ni entrenando militares. Así se ganaba hace 50 años. Hoy lo que necesita es un aparato de inteligencia financiera muy robusto”, manifestó.

En esa vía, el colombiano agregó que hay suficiente financiamiento, puesto que la cooperación internacional está dispuesta a aportar, pero el proceso es largo.

La Ley Especial de Extinción de Dominio está actualmente en revisión, tras que la Sala de lo Constitucional aceptó una demanda. Martínez explicó que la legislación no debería tener vicios de inconstitucionalidad, ya que surge de un marco común que expertos hicieron para toda Latinoamérica.

Advirtió, además, que sin la ley el país estaría rezagado y podría tener graves problemas para acceder a mercados financieros; los bancos tendrían problemas con sus corresponsales y la inversión extranjera sería aún más escasa.

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