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El próximo gobierno deberá pagar unos $800 millones

La siguiente administración deberá cubrir vencimientos de deuda importantes.
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En 2019, el Gobierno de El Salvador deberá cancelar una deuda de $800 millones en bonos a los inversionistas del mercado internacional y el Banco Mundial (BM) recomendó trabajar en un acuerdo fiscal sostenible para evitar problemas de última hora.

Desde hace más de 40 años, el Gobierno ha tomado la costumbre de pagar sus tarjetas de crédito con otras tarjetas de crédito. Es decir, cuando se acerca la fecha de cancelar un viejo paquete de bonos, unos cuantos días antes el fisco sale al mercado internacional otra vez, coloca más bonos y con ese dinero prestado cubre la deuda anterior.

En 2019 un paquete de bonos llega a su fecha de vencimiento y no hay por ahora un plan para enfrentar ese compromiso. En 2018 hay elecciones de diputados y alcaldes, mientras que en 2019 son las presidenciales, de manera que estos dos años tienen una fuerte dosis de propaganda y tema electoral. El vencimiento de los bonos es uno de los primeros desafíos que enfrentará la próxima administración del Órgano Ejecutivo.

“Ese año va a haber una nueva administración que requerirá el apoyo de la Asamblea (Legislativa) para conseguir financiamiento”, dijo Humberto López, director del Banco Mundial para Centroamérica. “En ese sentido, los animamos a que consideren un acuerdo que sea multianual, no de corto plazo. Que se hable de consolidación fiscal, pero al mismo tiempo garantice financiamiento de los bonos que vienen”, detalló López. Así que el reto es ponerse de acuerdo para poder pagar ese paquete de bonos y además enderezar la tendencia que tienen las finanzas del Estado.

López advirtió que en 2019 el fisco enfrentaría hasta $1,500 millones en gastos obligados que no tienen una fuente de recursos, incluyendo los bonos. Este año, por ejemplo, las necesidades de recursos extra que no están disponibles en el fondo nacional suman $700 millones.

Las autoridades del país ya tienen un plan para corregir el rumbo de las finanzas públicas, y es el que hicieron en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La meta del plan es ajustar el equivalente al 3 % de la producción interna o PIB con una combinación entre más ingresos y menos gastos.

El plan, sin embargo, ha despertado rechazo entre diferentes sectores porque es estricto. Algunas medidas que generan polémica son suspender el escalafón a los empleados de Salud Pública, subir dos puntos al IVA o para llevarlo al 15 % del precio de venta, aplicar el impuesto al patrimonio y reducir el gasto en salarios de funcionarios. Además, el fondo sugiere que dentro del mismo plan de ajuste incluyan la reforma al sistema de pensiones.

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