El proyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad

FUSADES dice algunos artículos tienen problemas de forma.
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Vicios El anteproyecto de ley para soberanía alimentaria tiene unos errores que complicarán su implementación.

Vicios El anteproyecto de ley para soberanía alimentaria tiene unos errores que complicarán su implementación.

El proyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad

El proyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad

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El anteproyecto de ley para garantizar la soberanía alimentaria contiene varios errores que dificultan su implementación, según el análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Los diputados iniciaron la discusión de esta propuesta a mediados de 2014, pero todavía no ha llegado hasta su discusión en el pleno. Además, para elaborar esta versión se incluyeron los planteamientos de varios sectores.

Marjorie de Trigueros, investigadora del Departamento de Estudios Legales en FUSADES (DEL), explicó que la versión que se discute en la comisión agropecuaria contiene ocho disposiciones que atentan contra la Constitución de la República, más otras tres de forma.

En el caso de las potenciales inconstitucionalidades, De Trigueros señaló las “dudosas facultades” que se le darían al presidente de la República. Según los artículos 56 y 58 de la normativa, el mandatario puede gestionar recursos (como préstamos), efectuar compras, poner límites a los precios de productos básicos, entre otras medidas. El mismo artículo aclara que estas acciones se tomarán “por medio de las secretarías de Estado y demás instituciones autónomas”, es decir, del Órgano Ejecutivo, de la parte administrativa del Estado. La investigadora de FUSADES aclaró que la gestión de recursos, tal como se lee en el artículo 148 de la Constitución, exige la autorización de la Asamblea Legislativa (parte del Órgano Legislativo), aun si es emergencia.

Sobre el control de los precios desde el Ejecutivo, el análisis de la fundación apunta a que no respeta los principios del artículo 102 en la Carta Magna, en el que “se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social” (primer párrafo).

Además, la ley de soberanía alimentaria permitiría la intervención en actividades de comercio exterior con el propósito de proteger la producción interna. El artículo 35 lo califica como “tarifas arancelarias o sistemas compensatorios”, pero De Trigueros advirtió que esto contradice el mandato constitucional que da prioridad a los tratados suscritos por El Salvador, por encima de las leyes secundarias.

El anteproyecto de ley también dedica una amplia sección a detallar una política de soberanía y seguridad alimentaria que sería responsabilidad del Consejo Nacional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), que dentro del texto cede atributos que son propios de una ley. En el capítulo V, por ejemplo, se lee que “la política y el plan tendrán la condición de prioridad e interés público y orientarán el quehacer de las instituciones vinculadas en este campo”. En este sentido, FUSADES aseguró que con estos mandatos se crearía un poder legislativo adicional y que, por tanto, “la inconstitucionalidad de las disposiciones mencionadas es evidente”, porque este tipo de atribuciones ya lo delimita la Carta Magna.

Amy Ángel, investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES (DEC), sostuvo: “No necesitamos una para conquistar la seguridad alimentaria, sino para coordinar a las instituciones”.

De Trigueros y Ángel coinciden en que muchos de los mandatos en el anteproyecto ya los tienen otras instituciones del Gobierno. “No nos apresuremos a aprobar una mala ley, sino que tomémonos el tiempo para discutir”, subrayó la investigadora de DEL.

La FAO, división de Naciones Unidas que lucha por la alimentación, ha solicitado al Gobierno que apruebe una ley que garantice la seguridad alimentaria a los salvadoreños.

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