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Empresarios critican nuevo cargo a energía

Critican que el Gobierno no consultó el impacto que tendrá la medida. Señalaron que habrá falta de transparencia porque se incluye el cargo del 13 % dentro de una fórmula compleja en el cálculo del precio de la energía.
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Empresarios de diferentes rubros criticaron al Ejecutivo por haber aprobado un cobro del 13 % sobre la tarifa de energía eléctrica, en concepto de cargo para inversión social. Dicho incremento se incluyó en una reforma a la Ley General de Electricidad, por decreto ejecutivo, procedimiento cuya legalidad comienza a ser cuestionada.

Ricardo Poma, presidente del Grupo Poma, dijo que la medida los tomó por sorpresa. “Obviamente es un cargo adicional que va a encarecer la energía eléctrica y encarecerá el costo de los productos”, indicó.

“Creemos que es una medida equivocada”, señaló por su parte Carlos Calleja, vicepresidente del Grupo Calleja. “Este cargo adicional viene a desalentar la inversión, a impedir la generación de empleos y hacernos menos competitivos en cuanto a industria”.

Para Calleja, la aprobación de cobros como este también hace mella en la confianza en el sistema y en el clima de inversión.

Alejandro Poma, director ejecutivo de la Fundación Poma, agregó que la forma en que se aprueban medidas como esta y el impacto que tendrá en la economía de las personas, además de los costos de operación para las empresas, genera anticuerpos. “Especialmente en un contexto en el que los recursos son escasos, y adonde se requiere tener una enorme disciplina de parte del Gobierno en saber administrarlos y en saber qué medidas tomar para generar condiciones que permitan una expansión económica, un crecimiento y un entusiasmo para que haya más inversión y generación de empleos”, insistió.

La aplicación del cobro implicará una recaudación de unos $6.5 millones mensuales, que irán a las cuentas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La CEL es la encargada de erogar los fondos para el subsidio a la energía eléctrica, que el año pasado requirió unos $117 millones.

José Antonio Velásquez, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), sostuvo que como gremial no están “en contra de los impuestos, pero sí en contra de que se apliquen de forma inconsulta”. “Si pensamos que los impuestos afectan directamente al empresario constructor, al desarrollador, no es cierto. Todo esto al final del día se traslada al consumidor final y al usuario”, afirmó.

Para el analista Luis Membreño, es importante definir el objetivo de este cobro. “Si el objetivo es subsidiar a la CEL me parece equivocado. Lo que la CEL debería hacer bien es estudiar los subsidios y focalizarlos, para reducir el gasto que tiene la CEL y no necesitar este tipo de recursos”.

Poco transparente

Jaime Guevara, vicepresidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), dijo que antes de la aprobación del nuevo cargo faltó diálogo y transparencia en el sentido de comunicar a las empresas en qué va a ser utilizado el dinero que se recolecte.

“Nuestros competidores son Honduras, Guatemala, México y Vietnam. ¿Cuánto cree que cuesta la energía eléctrica en México? Cuesta $0.07 el kilowatt hora, nosotros pagamos ahorita por la baja del petróleo entre $0.16 y $0.18 centavos, dependiendo de la industria”, comparó. Sin embargo, consideró que esta baja no se puede considerar como una ventaja porque el precio “ha bajado en todo el mundo”.

En el sector que representa la CAMTEX hay un conjunto de empresas conocidas como el “clúster de sintéticos” pues producen hilos y telas de este tipo que se exportan a mercados como el estadounidense. Según Guevara, entre un 60 % y 70 % de sus costos es por la factura de energía. Un incremento como el anunciado los pondrá en una situación complicada, consideró.

La empresaria Elena María de Alfaro advirtió que un alza del 13 % más el ajuste de la tarifa prevista para julio, si es al alza, “no lo soporta la industria” porque se compite a nivel internacional.

La aprobación del cargo tomó por sorpresa a gremiales como la ASI. “El incremento no viene únicamente para la industria y nada más para el comercio, viene para los salvadoreños, entonces debe de haber una explicación y la transparencia de en qué se van a usar realmente estos fondos”, dijo la empresaria.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador incluso emitió un comunicado en el que rechazó el nuevo cargo. Dijo que se trata de un “impuesto disfrazado que afectará la economía de miles de familias y de empresas salvadoreñas, complicando la posibilidad de atraer más inversiones y generar nuevos empleos”.

La gremial le recordó al Gobierno que las empresas que operan en el país han venido soportando un incremento progresivo de cobros, como el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto a los servicios telefónicos y de internet, así como el aumento de sus costos de producción debido al alza de las tarifas de agua potable y los incrementos anuales de salarios.

“A lo anterior hay que sumar el costo económico de la inseguridad, la corrupción y la excesiva tramitología, todo lo cual afecta su rentabilidad y su competitividad, especialmente de las pymes”, lamentó la cámara, a través del comunicado.

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