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En ruta a otra reforma de pensiones sin completar la de 2017

El Gobierno anunció que en los próximos días enviará un proyecto a la Asamblea. La reforma de 2017 todavía no fue ejecutada a cabalidad. Una buena reforma requiere análisis técnico, señalan economistas.

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Informalidad. Este fenómeno que ataca a toda la región, pasa la factura al no contar con el suficiente número de cotizantes para sostener el sistema de pensiones.

Informalidad. Este fenómeno que ataca a toda la región, pasa la factura al no contar con el suficiente número de cotizantes para sostener el sistema de pensiones.

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El Gobierno de El Salvador impulsará una nueva reforma de pensiones, cuyos aspectos son aún desconocidos, en un tema que requiere de un profundo estudio y, sobre todo, consenso, según manifiestan varios analistas.

"Una medida de este tipo no se puede hacer corriendo, porque hablas no solo de las jubilaciones actuales sino futuras. En El Salvador siempre se ha hecho mal, tarde o temprano la población lo termina pagando, sino veamos esa bola de nieve que ha sido la deuda de pensiones en el presupuesto público", dijo Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

En cadena nacional el 15 de septiembre pasado, el presidente Nayib Bukele lanzó la noticia: "en 30 días presentaré a la Asamblea Legislativa una reforma de pensiones integral", ante el escepticismo de muchos y la esperanza de otros.

“Para las arcas del Estado este tema sigue representando una deuda muy importante, más de 20 puntos del PIB solo de deuda de pensiones”.

Ricardo Castaneda, economista icefi

El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, es uno de los escépticos dada las actuaciones previas del actual gobierno. "No se caracteriza, precisamente, por los análisis técnicos en las cosas que hace. Ya lo hemos visto con el bitcóin y cantidad de propuestas que son más bien ocurrencias del ejecutivo que dice ‘hágase’ y los técnicos tienen que ver cómo lo montan".

Con la reforma de 2017, en la que se estableció la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), quedaron pendientes de ejecutar acciones como la homologación de la data entre el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), así como la formación de un comité actuarial, que por ley sería el ente encargado de dirigir esta nueva reforma.

Merlin Barrera, exviceministra de economía, explicó que lo primero que se requiere para hacer una nueva reforma es un "nuevo" cálculo actuarial, actualizado después de la pandemia pues hay que ver el efecto en los niveles de empleo.

El cálculo actuarial es una rama especializada de las ciencias económicas que hace cálculos matemáticos de diferentes variables y estima, en el caso de los sistemas de pensiones, cuánto podría ser en 50 años la deuda estimada, revisando la PEA (población económicamente activa), índices de empleo, cotizaciones, edades y una serie de variables.

"Esto es vital porque una reforma debe proyectarse no para el quinquenio sino a 50 años, hablamos de que las generaciones jóvenes son las que pagan las pensiones de los que van saliendo. Tiene que saber cuántas se están jubilando en los próximos 30 años, y cuánta sería la gente que estará cotizando", dijo Barrera.

La importancia de una reforma de pensiones radica en las deficiencias que presenta el sistema actual, surgido del modelo chileno. "El sistema adolece de baja cobertura, insuficiencia de pensiones, se está condenando a las personas a la pobreza, y tiene problemas de equidad porque algunos reciben jugosas pensiones y otros muy bajas", añadió Castaneda.

Uno de los mayores problemas en El Salvador son los salarios. Castaneda explicó que ninguna reforma va a ser sostenible si no se logra que la mayor cantidad de ocupados coticen, además de hacer reformas en el mercado laboral. Actualmente solo 763,214 personas de los 3.5 millones afiliados al Sistema de Ahorros para Pensiones (SAP) están cotizando. "Los salarios son muy bajos, el 90 % tiene ingresos debajo de $1,000. Si ganas $500 y tienes una tasa de reemplazo —que en el mejor de los casos sea del 50 %— significa que vas a tener una pensión de $250".

Acevedo añadió que del 25 % de la población salvadoreña que recibirá pensión, el 80 % recibirá la pensión mínima. "Si vos querés tener buenas pensiones, tipo las de Suecia, debemos tener salarios tipo Suecia, donde el salario mínimo anda en $1,500", añadió.

Por otro lado, la comisión que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) debe ser valorada. "Antes de 2017 era de 2.2 % el total, se bajó en 2017 a 1.9 %, pero al final ellos (AFP) reciben 15 % de todo lo que los empleados cotizamos mensualmente lo cual va en detrimento del ahorro individual", dijo Barrera.

“En el contexto actual genera muchas preocupaciones. Una propuesta de reforma de pensiones requiere de muchísimo trabajo técnico y consultas”.

Merlin Barrera, economista

"Lo que le viene quedando al empleado sigue siendo muy poco para que aspire a una pensión más o menos digna, reciben un 30 % del valor de lo que ganó en los últimos diez años, cuando gente que se jubiló antes recibía el 60 %, incluso 80 %", añadió.

El valor de la pensión depende de muchos factores y uno de ellos es la rentabilidad de las inversiones de los fondos. Barrera señaló que debe modificarse el portafolio de inversiones que hacen las AFP, pues la mayor parte está colocado en bonos del estado y en titularizaciones que financian las alcaldías y empresas públicas como CEPA, por ejemplo; "donde obviamente la rentabilidad es más baja y las comisiones que se terminan llevando las AFP son altas". En países como Chile las administradoras pueden invertir en Asocios Público Privados (APP) de gran envergadura con réditos atractivos.

El presidente de la república ha asegurado en su anuncio que las pensiones serán mejores. "Allí es donde yo veo el problema porque el gobierno llega casi en bancarrota a hacer una reforma de pensiones, con la deuda topada, el hoyo fiscal de más de $1,300 millones por año, el desequilibrio y la calificación de riesgo a niveles de C con una alta probabilidad de impago. Ofrecer una reforma que implique más pensiones, que es lo que la gente quiere, el gobierno no tiene condiciones materiales para eso", dijo el economista Rafael Lemus.

"Lo más probable es que terminen confiscando el ahorro porque les permite a ellos resolver un par de años las cuentas fiscales. Es un falso ganar para los trabajadores porque ya no van a tener ahorro y van a estar dependiendo de la deuda que pueda conseguir el gobierno para pagar pensiones", finalizó.

La preocupación, dijo Barrera, es cuál es el verdadero objetivo del presidente para hacer este anuncio: responder a las demandas de la población o resolver el problema del endeudamiento que tiene, del cual 20 puntos responden a la deuda previsional.

"Posiblemente para amortiguar la baja de popularidad o desencanto que la población tiene con el tema del bitcóin se trate de establecer pensiones —atractivas en teoría— pero que no tienen el elemento de la sostenibilidad. Es decir, de qué me sirve a mi que les proponga $2,000 a todos cuando las finanzas del sistema de pensiones no permiten cumplir esa promesa", dijo Barrera.

Un modelo como este "no puede basarse en una expectativa de endeudamiento externo continuo para poder pagar, no es algo que matemáticamente, técnicamente ni económicamente sostenible en el tiempo", señaló. No menos importante es saber quién administrará los fondos de pensiones: "pueden ser asociaciones privadas, un modelo de administración pública como el INPEP, uno mixto, pero lo más importante es que tenga participación la clase trabajadora que es al final la dueña de esos recursos", dijo.

 

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