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Entra en vigor en El Salvador la Ley de Mejora Regulatoria

La implementación será escalonada, según explica el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). Las instituciones públicas solo podrán exigir aquellos trámites que estén inscritos en un registro nacional.

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Instrumento.  El Salvador cuenta con una normativa que buscará que las nuevas regulaciones se redacten en un lenguaje simple y claro.

Instrumento. El Salvador cuenta con una normativa que buscará que las nuevas regulaciones se redacten en un lenguaje simple y claro.

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Una "reforma silenciosa" en el largo plazo implicará para el país la implementación de la Ley de Mejora Regulatoria, según opina Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). Esta nueva ley entró en vigor el pasado 9 de abril.

Esta normativa permitirá que los procesos de elaboración de nuevas regulaciones o leyes sean "transparentes y participativos", según explica Campos; además, el OMR podrá defender el interés público cuando se produzca una regulación, y estimular que más trámites se hagan en línea.

Las primeras instituciones en implementar la ley serán los 14 ministerios y las dependencias del Órgano Ejecutivo, dos años después se suman las autónomas, la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial. Ya para el tercer año de vigencia de la ley está previsto que se integren las 262 alcaldías del país.

"Hablar de mejora regulatoria es hablar de una política pública muy nueva, de la que me atrevería decir hay nula o escasa tradición", comenta el director ejecutivo de la OMR.

Por esta razón, durante los próximos dos años la institución capacitará a los funcionarios sobre el tema. Según la ley, cada institución deberá contar con un comisionado de mejora regulatoria, quien será el enlace con el OMR y coordinará todas las actividades relacionadas con esta actividad, de acuerdo con el artículo 14 de la ley. Estos comisionados deben ser nombrados a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la ley o conforme las instituciones vayan aplicando esta.

Campos aclara que no es el OMR la entidad a cargo de la simplificación de trámites, sino que esto es responsabilidad de cada entidad de gobierno, aunque sí puede brindar asistencia técnica para realizar esta tarea.

La ley plantea que al OMR le compete "dictar y vigilar el cumplimiento de las políticas de mejora regulatoria" y crear y administrar el Registro Nacional de Trámites, entre otras funciones.

El organismo gozará de autonomía funcional y técnica y contará con una instancia consultiva de alto nivel en donde habrá representantes del sector privado.

Campos destaca que en paralelo a la preparación de esta nueva etapa para el organismo, trabajan en implementar las herramientas de mejora regulatoria que incluye la ley: agenda regulatoria, estrategia de mejora regulatoria, evaluación de impacto regulatoria, planes de mejora regulatoria así como el registro de trámites. Para ello, recurrirán a proyectos pilotos en tres o cinco ministerios, adelantó el funcionario.

"Se pretende que las dependencias públicas piensen antes de regular. Para que piensen bien antes de regular es preciso que conozcan qué significa una evaluación de impacto regulatorio", considera Campos. "Hay mucha normativa en el país que se hace sin haber identificado cuál es el problema a resolver, si la regulación es la mejor forma de atacar ese problema, sin análisis de costo beneficio", agrega.

Registro

En 2018, el OMR identificó 835 trámites en 14 ministerios, con 2,240 modalidades; así como sus costos. Esta información servirá como punto de partida para establecer los planes de simplificación en los ministerios y para constituir el registro.

"Lo que no esté inscrito en el registro no puede exigirse a ninguna persona, a ningún empresario", acota. Sin embargo, antes de inscribir los trámites, la OMR va a revisar si estos son legales. En opinión de Campos, un decreto ejecutivo en el cual se dijera que todo trámite sin base legal no podrá ser exigido facilitaría esta tarea.

Cada institución pública estará obligada a revelar cada año su "agenda regulatoria", es decir, la lista de las regulaciones que emitirá o revisará en ese periodo.

"Esa labor de ordenamiento de la administración pública es lo yo denomino una reforma silenciosa", afirma Campos.

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  • Ley de Mejora Regulatoria

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