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Escalafón de Salud costará $30 millones en 2017: Lorenzana

El secretario técnico de la Presidencia reiteró que el GOES podría reducir los salarios. La medida se aplicaría primero a los ministros, viceministros y secretarios de Estado.
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Escalafón de Salud costará $30 millones en 2017: Lorenzana

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El escalafón para los trabajadores del Ministerio de Salud (MINSAL) costará $30 millones al Estado el próximo año, según datos oficiales. La cifra corresponde solo al incremento de salarios y no incluye el gasto que habrá por todos los salarios originales, o base.

“Este año (el costo del escalafón) anduvo por $28 millones, ya el próximo año serán $30 millones de incremento”, reiteró el titular de la Secretaría Técnica y de la Presidencia (STPP), Roberto Lorenzana, en una entrevista con Canal 10.

El escalafón es un incremento salarial que reciben los trabajadores, en este caso, del MINSAL. El aumento es, en efecto, de 8 %, puesto que a los empleados de esa cartera se les incrementa anualmente 3 % por antigüedad y 5 % por evaluación del desempeño laboral.

Según Lorenzana, el incremento salarial que perciben anualmente en el MINSAL, “es el más alto de todos los escalafones y es insostenible”. Además, el mecanismo que establece dicho incremento salarial ha sido aprobado “sin fundamentos técnicos”, de acuerdo al secretario técnico.

Este mes, el Gobierno todavía prepara su plan general de gastos para 2017. De acuerdo al ministro de Hacienda (MH), Carlos Cáceres, el escalafón de salud pública no tendrá fondos especiales, como ocurría otros años. Más bien, tendrá que salir de los fondos ordinarios asignados al MINSAL, es decir, los mismos que son para medicamentos, insumos médicos e inversión pública.

En 1996, el escalafón costaba $3.9 millones al Estado; en estos recientes 20 años ha multiplicado por nueve esa cantidad y llegó a $28.4 millones (2016). En otros 10 años, habrá crecido otra vez el doble, a casi $56 millones.

Debido a que este dinero se paga con fondos públicos propios, limita la capacidad del Estado para administrar su gasto en salud pública. Este es uno de los motivos por los que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado cambiar el escalafón, reducirlo o quitarlo.

En un informe de febrero pasado, el fondo recomendó “revisar los parámetros del escalafón del sector salud”.

El organismo señala que el aumento de 8 % “no corresponde a la realidad económica actual” y es insostenible. Según las estimaciones del FMI, revisar la medida permitiría un ahorro al Gobierno equivalente a 0.8 % del producto interno bruto (PIB).

Otras alternativas que propone el Fondo es limitar el aumento por escalafón a 2 %, o suspender la prima de antigüedad, que representa 5 %. De esta forma, el aumento salarial sería comparable al que perciben los docentes de educación pública.

La semana pasada, los empleados del MINSAL participaron en una manifestación para exigir que su aumento anual sí tenga sus fondos especiales dentro del presupuesto, pero no han obtenido respuesta. Los trabajadores destacaron que el escalafón es un incentivo laboral, cuyo fin se ha deformado, puesto que son las personas en los mandos más altos los que más se benefician de un aumento inercial de salario.

Consideraron que con lo que ellos mismos pagan en concepto del impuesto sobre la renta (ISR), se puede pagar el incremento.

Gastos obligados

El mes pasado, LA PRENSA GRÁFICA publicó que solo durante los primeros tres meses del año, el Gobierno gastó $559 millones en remuneraciones.

En 2010, el Estado gastó $1,710.1 millones en pago de salarios. Esa cantidad subió hasta $2,116.3 millones en 2013. De igual forma, la cantidad de personas que laboran en el gobierno central pasó de 133,696 en 2010 a 153,457 en 2013.

Entre la empresas públicas y autónomas está la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que la semana pasada aprobó un incremento salarial de $50 para los 180 colaboradores de sus oficinas centrales.

El mismo día que CEPA anunció el incremento se firmó un contrato colectivo que establece nivelaciones salariales para los empleados de la autónoma que se harán efectivos en octubre, para los que ganan menos de $700 y en enero, para aquellos que devengan menos de $1,500.

Estiman que con todos los beneficios, la CEPA gastará unos $350,000 más, para empezar.

Reducir los salarios

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén habló el sábado pasado sobre la voluntad del Gobierno de reducir los salarios de funcionarios, como parte de los compromisos para lograr el pacto fiscal. El Ejecutivo busca ese pacto para impedir una crisis de liquidez, que el FMI calcula que puede ocurrir a partir de octubre, si nadie hace nada.

Roberto Lorenzana reafirmó la propuesta y explicó que harán un estudio para determinar cuáles funcionarios verían sus salarios reducidos.

Empero, Lorenzana dijo que el estudio “podría iniciarse en el más alto nivel”, entre los titulares de las secretarías del Estado, así como los ministros y los viceministros, pero no aclaró hasta dónde piensan abarcar.

Asimismo, el funcionario explicó que la medida se aplicaría en el Ejecutivo, puesto que la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen sus propias finanzas.

Por ejemplo, la CSJ recibe –todos los años– 6 % de los ingresos totales del Estado, por mandato constitucional, y por este motivo es que el Ejecutivo no puede incidir sobre ese presupuesto.

Lorenzana explicó que en el caso de la CSJ su asignación de fondos surgió tras los Acuerdos de Paz de 1992, de manera que era un contexto muy especial.

Según el titular de la STPP, en ese entonces era necesario “que no hubiera apetito” y limitar así la corrupción en el Órgano Judicial, como solución se pensó en darle sus propios recursos.

No obstante, Lorenzana dijo que el fin no se logró, porque ha habido señalamientos a la Corte por casos de corrupción entre sus miembros en todos los niveles.

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