Estudio del Ejecutivo desaconseja cambiar el sistema de pensiones

Advertían efectos adversos de revertir el actual sistema y volver al de reparto. El documento fue elaborado por técnicos de Hacienda, Banco Central, Superintendencia del Sistema Financiero y Superintendencia de Pensiones.
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Un estudio elaborado por entidades técnicas del Gobierno advierte que volver al sistema de reparto para pensiones tendrá efectos perjudiciales para la población. El documento fue elaborado por especialistas del Ministerio de Hacienda, del Banco  Central de Reserva, de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Superintendencia de Pensiones.

El Ejecutivo espera que hoy se apruebe en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma para pasar a un sistema mixto, en el que el 70 % de los trabajadores -todos aquellos que ganen menos de dos salarios mínimos- volverían al sistema de reparto, administrado por el Gobierno, y en el que todos los aportes van a un mismo fondo a cambio de que, a futuro, sea el Estado el que les pague sus pensiones con dinero del mismo fondo.

El informe, fechado en mayo de 2014, evaluaba los diferentes escenarios para una reforma del sistema de pensiones actual. El Salvador pasó, en 1998, de un sistema de reparto a uno de cuentas individuales. En el de reparto, todos los aportes van a un solo fondo, del que el Gobierno saca el dinero para pagar la pensión de quienes se van jubilando. En el sistema actual, cada trabajador ahorra en su propia cuenta para su futura jubilación. Esta cuenta es personal y nadie puede tocarla, ni el mismo trabajador, hasta que llega a la edad de retiro: 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.

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Las entidades evaluaron qué pasaría en el país si se aplican en El Salvador reformas paramétricas o estructurales en el sistema de pensiones. En las paramétricas se hacen ajustes o modificaciones en los beneficios y requisitos para jubilarse, como la edad requerida, el monto de la pensión o del aporte para el ahorro previsional. Una reforma estructural implicaría cambios drásticos en el diseño del sistema.

Los resultados de la evaluación advierten que un regreso al sistema de reparto no solucionaría ni los problemas financieros del Estado, ni presenta un escenario favorable para los futuros pensionados. Los técnicos en enumeraron las ventajas y desventajas de revertir el sistema de cuentas individuales. Las ventajas son mayormente fiscales: se anularía la deuda previsional del Estado, al menos en el papel, ya que el compromiso de pagar las pensiones se convertiría en "deuda implícita", lo que no significa que desaparezca la obligación de dar el dinero mes a mes a los jubilados.

"Mejoraría el flujo de caja para el Estado, al menos en el corto plazo", dice el documento, pero advierte que se debería diseñar un sistema que pueda proveer un "mínimo nivel de resguardo para los pensionados sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema".

Volver a un sistema de reparto, concluyó el equipo, solo sería un alivio temporal para las finanzas del Estado, a menos que se modificaran la edad de jubilación, y los montos de las pensiones y los aportes previsionales.  Además, cuestiona que un sistema de reparto sea sostenible: indica que los cambios en las edades de la población salvadoreña harán que los aportes a un fondo común sean menores que la necesidad de dinero para pagar las pensiones.

También advierte que no se puede ofrecer un beneficio fijo, es decir, una pensión determinada, sin importar el aporte de los trabajadores. "Esta situación puede provocar que los afiliados aporten lo menos posible y traten de maximizar los beneficios recibidos, perjudicando así la sostenibilidad financiera del sistema".

Entre otras desventajas, el equipo advirtió que el clima de inversión del país podría perjudicarse como consecuencia de la reversión de las reglas bajo las cuales invirtieron las AFP.  Advierte además que pasar fondos de los cotizantes de las AFP al Estado sería confiscatorio, algo que varias entidades no gubernamentales han señalado, incluso, como algo que violaría derechos constitucionales:  "La reversión a un sistema basado en el reparto implica la expropiación por parte del Estado de las cuentas individuales de ahorro previsional de los afiliados, lo que podría conducir a intensas y prolongadas discusiones legales que impidan el cambio del sistema en el corto plazo".

Finalmente, el equipo dijo que la débil institucionalidad pública pone en riesgo la adecuada y eficiente administración de los recursos, y que, dado que el Estado recibiría los ingresos por cotizaciones, "se corre el riesgo de que tales recursos sean utilizados para otros fines que son ajenos al sistema previsional".

Los técnicos analizaron además la viabilidad de un sistema multipilares. Este incluye un "pilar cero" con pensiones para los más necesitados, un primer pilar obligatorio bajo administración pública, y un segundo pilar obligatorio bajo administración privada y con cuentas individuales. A estos se suma un tercer pilar de ahorro complementario, que es un aporte voluntario y está bajo administración privada. un cuarto pilar se enfocaría en los sectores informales de la economía.

En la propuesta actual del Ejecutivo se habla de un sistema mixto con dos esquemas, uno público y de reparto, en el que caería el 70 % de los cotizantes, y otro que combinaría una base pública de reparto con un complemento privado y de cuentas individuales con las AFP, al que solo tendrían acceso el 30 % de los trabajadores que gana más de dos salarios mínimos al mes.

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Las ventajas de un sistema multipilares, indicaron los técnicos del Ejecutivo, serían similares a las de la reversión: una reducción de la deuda previsional para el Estado, un aumento temporal del flujo de caja para las arcas públicas,  y una mayor participación del mismo Estado en el sistema previsional.

Sin embargo, al igual que con el sistema de reparto, advirtieron que sin modificar los parámetros de edad, monto de las pensiones y monto de los aportes, el cambio a un sistema multipilares sería un alivio financiero temporal, y que, a futuro, aumentarán las obligaciones del Estado de pagar las pensiones de la población mayor, que cada vez superará más en cantidad a los jóvenes.

Con las características del mercado laboral salvadoreño, la mayoría de la gente solo tendría acceso al pilar cero con la garantía de pensión mínima del Estado. Mientras, habría un riesgo de deterioro del clima de negocios por el cambio de reglas para la inversión, y persiste el tema de la expropiación, por parte del Estado, de las cuentas individuales de ahorro previsional de la población que pasaría al pilar público de reparto.

"Al existir un régimen basado en el reparto destinado principalmente para brindar prestaciones previsionales básicas, se incrementa el riesgo político de aumentar la garantía mínima del Estado sin un fundamento técnico, y por ende, se eleva la probabilidad de generar un mayor déficit del sistema previsional", indicó el quipo, y advirtió del riesgo de que los fondos que reciba el Estado en concepto de aportes para pensiones se utilicen para otras cosas.

La conclusión del documento es que se debe mantener el sistema actual, de cuentas individuales, pero que es necesaria una modificación de parámetros como la edad de jubilación, el monto de pensiones y de aportes para la futura jubilación. En concreto, proponen subir en un 15 % el aporte mensual al ahorro para pensiones, subir tres años a la edad de jubilación de modo que sea de 58 años para las mujeres y de 63 años para los hombres,  eliminar las distorsiones al cálculo de la pensión a recibir, de modo que esta sea de hasta un 60 % del salario base antes de jubilarse.

Con cambios de estos parámetros se lograría una reducción del 28 % en el déficit previsional y se mejoraría la equidad del sistema, aseguró el equipo. Además, recomienda mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones para garantizar un crecimiento adecuado de estos, que permita pagar pensiones más altas a los futuros jubilados.


Población desconoce y duda de reforma de pensiones

Una encuesta realizada por LPG Datos en marzo de este año demuestra la poca información que conocen los ciudadanos al respecto. Solo el 60 % de los 1,000 entrevistados dijo haber escuchado sobre la propuesta y solo el 18 % manifestó sentirse bien informado.

El mismo porcentaje de encuestados considera que la reforma es "buena", mientras que un 48 % opina lo contrario.

Los ciudadanos, según su propio criterio, señalaron algunos puntos negativos sobre la propuesta. Entre estos destacaron que el fondo de pensiones será robado, desviado o poco rentable, y que el Gobierno quiere tomar el dinero para administrarlo.

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