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Exigen superar intentos previos Pacto fiscal llega con desconfianza

El Fondo Monetario Internacional advirtió que hay un riesgo posible de ajuste a la fuerza. El presidente de la ASI, Javier Simán, denunció que el Gobierno debe mostrar voluntad política de reducir el gasto y combatir la corrupción antes del pacto.
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La propuesta del presidente Salvador Sánchez Cerén para lograr un acuerdo nacional en favor de unas finanzas del Estado sostenibles tendrá que superar problemas de confianza, desde la perspectiva del director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio.

El sábado pasado, el mandatario Sánchez anunció que convocarán a un pacto fiscal. Este es el quinto intento de lograrlo después del Consejo Económico y Social (CES), el acuerdo con diputados en 2012 y dos mesas con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) más otras organizaciones. Además, herencia de estos intentos por buscar acuerdos es la Ley de Responsabilidad Fiscal que las autoridades del Ejecutivo enviaron a la Asamblea Legislativa. Los partidos enviarían, después, sus propias propuestas.

Luego de hacer un par de observaciones, los diputados de la comisión especial de hacienda y presupuesto dejaron el análisis para después, para poder discutir otras normativas.

Rubio dijo: “Ha habido anteriormente llamados a entendimientos, procesos de diálogo que se han establecido y hay que decir que hay un ambiente de desconfianza. Y justamente ese anuncio se hace en un ambiente de desconfianza”.

El CES llegó a tener incluso su propio local provisto por Naciones Unidas, pero luego de que el Gobierno anunció en 2014 una reestructuración, ya no hubo más noticias. En cuanto a los acuerdos de 2012 con los diputados, tampoco llegaron a implementar medidas específicas como bajar los límites del endeudamiento descritos en la ley vigente.

“Hay un nivel de desconfianza generado por todos estos fracasos”, insistió el director de FUNDE.

Con estos antecedentes, la FUNDE propone crear una comisión técnica con funcionarios y otros dirigentes de alto nivel, con conocimiento técnico. “No podemos meter en esto a personas que tienen una óptica estrictamente ideológica”, dijo, por su parte, Rómmel Rodríguez, investigador de macroeconomía en la FUNDE.

Junto a esta comisión de alto nivel funcionaría una subcomisión para ver temas como emergencias que presionen a la hacienda pública, crecimiento económico y sostenibilidad.

Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), publicó en su página de la red social Facebook que el Gobierno más bien necesita una mayor autoregulación. “Ahora el Gobierno habla de promover la responsabilidad fiscal. Pero eso no requiere un pacto con nadie. Eso requiere una sincera voluntad política del FMLN y del Gobierno de reducir el gasto público y la deuda, combatir la corrupción y hacer eficiente la gestión pública”, manifestó.

Situación sin precedentes

De acuerdo con Rubio, el país está en el camino hacia el impago si no hay una acción de corto plazo. El impago ocurre cuando un Gobierno declara que ya no puede honrar algunas de sus obligaciones más importantes, por ejemplo, la deuda con inversionistas, cooperantes y otros acreedores. En América Latina han enfrentado esta situación Argentina, Ecuador, Jamaica y Puerto Rico, por ejemplo.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda del Gobierno está en $16,877 millones hasta mayo y ese mismo mes fue necesario pagar $306.43 millones en intereses de la deuda pública, un 20.61 % más que en mayo de 2015.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el Gobierno salvadoreño necesita recibir recursos frescos desde el exterior y eso los obliga a pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa. “Sin dicho acuerdo es probable que las autoridades lleguen al límite del sistema interno para financiar el presupuesto hacia fines de este año, lo que elevaría las probabilidades de que se produzca un ajuste desordenado”, consignó el FMI en su informe más reciente sobre la actividad económica en El Salvador, llamado el Artículo IV.

Rodríguez, en este sentido, explicó: “Estamos frente a una situación sin precedentes. Si hemos leído en detalle el informe del Artículo IV, leemos de un ajuste desordenado del mercado: eso significa una crisis” o un ajuste forzado, explicó Rodríguez.

Expertos de otras entidades han señalado que una situación extrema puede conducir a retirar el dólar como moneda y volver al colón.

Por su parte, el presidente de ASI lamentó que el Gobierno intente dar prioridad a los nuevos impuestos, en lugar de cambiar algunos hábitos del gasto público. “Es un Gobierno insaciable. Nunca serán suficientes los recursos para satisfacer el populismo y la corrupción. Un pacto fiscal, ¿para endeudarse más y subir más impuestos?”, cuestionó el dirigente empresarial.

Rubio puso como ejemplo el cargo del 13 % adicional en el cálculo de la tarifa de energía. “Estamos viendo medidas desordenadas para arreglar la situación fiscal”. La FUNDE considera que esta medida en particular no es equitativa ni eficiente y que falta aclarar en qué actividad estará enfocada.

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