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Expertos: hace falta competencia en el sector de pensiones

Hacienda presentará a la Asamblea Legislativa un estudio actuarial de las dos principales propuestas de reforma de pensiones la próxima semana.
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Mientras las discusiones para aprobar la reforma al sistema de pensiones continúan, expertos advierten que hay aspectos que deben mejorar y no son contemplados en ninguna propuesta, como la competencia.

Actualmente los más de $9,000 millones de ahorros de los trabajadores afiliados al sistema son administrados por dos AFP: Confía y Crecer; las dos únicas que quedaron tras la implementación del sistema de capitalización individual, en 1998.

“El mercado es pequeño, son unos 600,000 cotizantes que se dividen entre ambas AFP”, explica María Elena Rivera, analista de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO). Sin embargo, existen opciones para mejorar la competencia, como licitar la afiliación de los nuevos trabajadores y que los gane la empresa que ofrezca mejor rentabilidad o que cobre menos comisión.

Carmelo Mesa-Lago, experto en temas previsionales, agregó que también puede crearse una AFP pública; siempre que esta funcione bajo las mismas reglas que las AFP privadas. “Abona a la competencia y la administración de los fondos deja de verse como un negocio, pero eso sí, debe funcionar bajo las mismas reglas del juego que las privadas”, comentó.

Ambos lamentaron que el tema esté ausente en las propuestas de reforma de pensión analizadas actualmente en la Asamblea Legislativa. Mesa-Lago criticó también la ausencia de estudios actuariales (que miden el riesgo a través del tiempo) para determinar si las propuestas que analizan los diputados son sostenibles en el tiempo.

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, está por recibir un estudio que se ha encargado al actuario Eduardo Melinsky, pero que analiza únicamente la más reciente propuesta del Gobierno y la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP).

La nueva propuesta del Gobierno dejó atrás las intenciones de establecer un sistema mixto, en el que el Estado administraría más del 70 % de los fondos de pensión, por uno de dos pilares, uno público y uno privado.

El pilar público absorbería 50 % de los fondos actuales y 58 % de las futuras aportaciones de los trabajadores, y serviría para cubrir pensiones mínimas, pensiones del sector público y las de los militares, según el proyecto presentado al Legislativo.

La propuesta de la ICP, que es respaldada por las AFP, establece la creación de una Reserva de Pensión Vitalicia, a la que iría el equivalente a un 5 % del salario de cada afiliado, y serviría para que la pensión no baje una vez se acaben los ahorros, como sucede ahora; además de absorber el pago de pensiones mínimas, ya que actualmente representan una carga fiscal para el Estado.

Sin embargo, tras meses de discusiones, los diputados no han logrado acordar una reforma. “Muchos países están aplicando sus re-reformas: se ha incluido solidaridad intergeneracional, entre géneros, entre ingresos. Hay un pilar de reparto y pilar cero para quienes no pudieron ahorrar suficiente. Hay un rezago del actual sistema de El Salvador para expandir cobertura: solo uno de cada cuatro cotiza y solo 12 % de adultos mayores recibe pensión contributiva”, dijo Mesa-Lago.
 

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