Lo más visto

FUNDE: “Cualquier acuerdo en pensiones será insuficiente”

Señalan que antes de la reforma, se debió abordar el ajuste fiscal. Advierten que la polarización está al centro del debate por las finanzas públicas.

Enlace copiado
Foro.  FUNDE organizó un foro sobre las implicaciones de las resoluciones de la sala para el presupuesto.

Foro. FUNDE organizó un foro sobre las implicaciones de las resoluciones de la sala para el presupuesto.

Enlace copiado

El acuerdo al que lleguen los partidos políticos para reformar el sistema de pensiones no va a ser suficiente para resolver los problemas, porque el debate inició demasiado tarde y sin haber resuelto primero el tema del ajuste fiscal, es decir, la reducción del déficit en el presupuesto, según Roberto Rubio, presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

“Todo acuerdo que salga va a ser un mal acuerdo, pero es mejor un mal acuerdo a que no haya acuerdo”, explicó. En esa línea, señaló que ni la propuesta del Gobierno ni la de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones (ICP) son lo suficientemente claras en cómo se van a garantizar los pagos, aunque ambas coinciden en un fondo común, pero con diferencias.

Rubio agregó que hay bastantes insumos técnicos para la discusión, pero lo que está mediando el debate es lo electoral. En ese sentido, agregó que es difícil conciliar los intereses de los trabajadores, que son una mejor pensión, lo que pasa por más rentabilidad y el alivio para las finanzas del Estado. “Si usted quiere satisfacer a los trabajadores, tiene que aumentar la rentabilidad, si aumenta la rentabilidad, el Gobierno tendrá que pagar más por los certificados que está comprando y si el Gobierno quiere pagar menos, pues va ir en contra de los trabajadores. Ahí hay una confrontación de intereses”, afirmó.

FUNDE inició ayer la celebración de su vigésimo quinto aniversario con un foro en el que varios expertos abordaron las implicaciones de dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional para el presupuesto, sobre el uso de LETES, que es un crédito de corto plazo que viene funcionando como una especie de tarjeta de crédito para el Estado y sobre la inclusión de todos los gastos, así como lo dicta la Constitución. Para el Gobierno esto significa que no puede presentar un presupuesto desfinanciado para buscar los fondos en el transcurso del año y que tiene que incluir obligaciones como los pagos a los trabajadores por utilizar los fondos de las pensiones futuras en financiar las pensiones actuales. En el presupuesto 2017 no se dejó el dinero para hacer estos y otros pagos, como el subsidio a la energía eléctrica, lo que ha complicado la situación del Estado y de sus acreedores.

El analista Francisco Beltrand Galindo explicó que la base teórica del Ministerio de Hacienda, en el caso de las pensiones, fue considerar que la deuda con el fondo de ahorro de los trabajadores, que está en las AFP, no tenía el carácter de “deuda pública”, porque la responsabilidad de pago estaba en el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Este es el mecanismo que se creó en el pasado para que las AFP presten, por obligación, para financiar las pensiones del antiguo sistema. Sin embargo, “la Sala determinó que el pago de las pensiones es obligación del Estado y a partir de ahí está obligado a presupuestar todo aquello que no cubra el sistema particular”, explicó Galindo.

No incluir todos los pagos pendientes no es un problema que afecta solamente a los pensionados y a los cotizantes, ya que hay otros gastos que no se han incluido, como el subsidio a la energía eléctrica. El Estado ya acumuló una deuda superior a $33 millones con las empresas que distribuyen energía solo por impago del subsidio residencial que estas aplican a la hora de cobrar la factura a algunos hogares.

De acuerdo con Carlos Pérez, especialista de FUNDE, esta práctica genera un clima de incertidumbre en la economía, puesto que los acreedores no saben si el Estado tendrá dinero para cumplirles; en ese sentido, un presupuesto que se apegue al principio de equilibrio, como lo exigió la sala, tendría que dar más confianza a los actores económicos, pero esto será difícil por la polarización entre los partidos políticos.

Según Pérez, el mandato de la sala de incluir todos los gastos tiene una “parte oscura” y es que eso resultaría en un déficit, lo que obligaría al Estado a tener créditos asegurados antes de aprobar el presupuesto. No obstante, para esto se necesita lograr 56 votos en la Asamblea Legislativa, lo que no es fácil justamente a causa de la polarización entre los partidos políticos.

Por otra parte, Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, criticó que la misma sala ha frenado algunos impuestos que habrían dado más ingresos al Gobierno, con lo que el país tendría mejores finanzas. Galindo comentó que no se pueden aplicar impuestos inconstitucionales.

Lee también

Comentarios