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FUNDE plantea retos para fiscalizar las transacciones internacionales

La normativa más reciente que tenía el país para evitar la manipulación de precios de transferencia ya no está vigente. FUNDE señala también que hay poca capacidad técnica para ejecutar algunos instrumentos.
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Impuesto.  Rommel Rodríguez, investigador de la institución, explicó que el país basa su impuesto sobre la renta en el principio de

Impuesto. Rommel Rodríguez, investigador de la institución, explicó que el país basa su impuesto sobre la renta en el principio de "renta territorial".

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El Salvador está integrado a la economía mundial; muchas de las empresas que operan en el territorio son extranjeras. Asimismo, muchos empresarios nacionales tienen inversiones y filiales en otros países. Esto plantea un desafío en cuanto a la actualización de las leyes, las normas y al fortalecimiento de la administración tributaria, encargada de fiscalizar las transacciones internacionales, de acuerdo con un estudio de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

Rommel Rodríguez, investigador de la institución, explicó que el país basa su impuesto sobre la renta en el principio de "renta territorial", es decir que se aplica el cobro a las ganancias por la actividad productiva que se ha realizado en el país.

No obstante, en los últimos años se ha comenzado a gravar flujos que vienen desde el exterior, como aquellos provenientes de títulos valores o "las rentas no gravables, exentas o no sujetas, por créditos otorgados a entidades del exterior".

Uno de los puntos más importantes tanto para la administración tributaria como para las empresas multinacionales son los precios de transferencia.

Esto se refiere a la situación en la que una empresa ubicada en un país le vende insumos a otra con la que tiene una relación; por ejemplo, una subsidiaria, que está en otro país. Los dos países cobran diferente cantidad de impuesto, entonces puede suceder una "manipulación de los precios".

La empresa venderá el insumo mucho más caro de lo que vale normalmente y reportará más ganancias, pero como se encuentra en un país donde el cobro de impuesto es menor, tendrá que pagar menos.

Mientras que la segunda empresa, que se encuentra en un país donde el impuesto es más alto, tendrá costos más elevados y, por lo tanto, menos ganancias o incluso reportará pérdidas, por lo que tendrá que pagar menos impuestos.

FUNDE afirma que en este campo El Salvador ha dado pasos sustanciales al incluir normas que están acorde a los estándares internacionales. En particular, la adopción de la directiva de precios de transferencia de la OCDE, una organización internacional conformada por los países más desarrollados.

No obstante, estas normas dejaron de aplicarse en enero pasado, pues la reforma al Código Tributario se aprobó de manera ilegal por la Asamblea Legislativa de acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, los magistrados de ese entonces señalaron vicios de forma no de fondo, y le dieron al Ejecutivo y a los diputados la oportunidad de aprobar la normativa, pero con el procedimiento apegado a la Constitución; pero el Ministerio de Hacienda aún no ha llevado ninguna propuesta.

"Tal acción es un retroceso importante en la prevención de prácticas de elusión y evasión fiscal internacional, debido a que las disposiciones del Código Tributario no contemplan todo el espectro en que se mueven las empresas multinacionales, como lo hace la directiva de la OCDE", se lee en la investigación de FUNDE.

"Actualmente la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está elaborando un proyecto de ley de precios de transferencias, pero aún no ha sido enviado a la Asamblea Legislativa y dicho proyecto contiene elementos no presentes en la legislación vigente que lo hacen muchísimo más robusto, más amplio", dijo Rodríguez.

Pese a la necesidad de actualizar la ley, no solo por la manipulación de precios de transferencias, sino por cambios como las transacciones electrónicas; el país sí cuenta con algunas normas que están acorde con las prácticas internacionales. No obstante, no siempre existen las entidades para llevar a cabo los controles o estas no tienen los recursos para hacerlo, de acuerdo con FUNDE.

Por ejemplo, Rodríguez señaló que el país es firmante de acuerdos internacionales de intercambio de información, que en la práctica no funciona porque no hay capacidad técnica.

El presupuesto de la DGII fue de $19.7 millones en 2018, lo que equivale a 0.41 % de los ingresos tributarios y a 20 % del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda.

En 2008, la DGII tenía una asignación de $15.2 millones. Aunque la cantidad ha incrementado, en términos relativos es menos. Pues este dinero equivalía a 0.5 % de los ingresos tributarios y a 29 % del presupuesto de la cartera.

"Si no hay voluntad política va a ser muy difícil avanzar en un tema que prácticamente a escala mundial se está con una legislación 8k y aquí prácticamente seguimos con una legislación en blanco y negro", opinó Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

FUNDE señaló la necesidad de Consolidar la Unidad de Tributación Internacional (UTI), como una dependencia directa del Ministerio de Hacienda y situada al más alto nivel.

Estabilidad fiscal

Castaneda argumentó que entre las medidas que el Gobierno debe adoptar para consolidar sus finanzas, desde la perspectiva de los ingresos, está pasar a una "renta mundial", es decir, no solo cobrar sin importar de donde se generó la ganancia.

Asimismo, impuestos "progresivos", es decir cuyo cobro apunte a quienes tienen más capacidades de pago, por ejemplo, un IVA diferenciado para los bienes de lujo, un impuesto a la propiedad, entre otros. Por el lado de los gastos, medidas como la subasta inversa y eliminar "gastos superfluos" como los seguros privados para los funcionarios y la nivelación de escalas salariales y controlar los salarios de los asesores.

Roberto Rubio, director general de FUNDE, apuntó que sí el país necesita un entendimiento, pero lo que hay que buscar es la "viabilidad técnica y política de ese entendimiento".

"Creemos que hay cierto espacio para el incremento de ingresos", aclaró y dijo que no se deben ver los impuestos como algo automáticamente malo o como la solución ideal, sino que se debe analizar si van a perjudicar la economía.

Señaló también la necesidad de reestructurar la deuda del país y de afrontar la deuda de corto plazo, es decir el saldo de Letras del Tesoro (LETES).

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