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FUSADES advierte se mantiene riesgo de que el país caiga en impago

En la segunda mitad del año, el Gobierno debe hacer frente a pagos no contemplados en el presupuesto, incluyendo vencimientos de la deuda con los fondos de pensión.
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El fantasma del impago sigue acechando a las finanzas públicas, afirmó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). El presupuesto de 2017 tiene un faltante de más de $500 millones, y en la segunda mitad del año se deberán realizar pagos para los que no hay fondos asignados.

Carolina Alas de Franco, investigadora del Departamentos de Estudios Económicos de FUSADES, recordó que este año se tuvo un evento muy serio con graves consecuencias: el impago. Después de una trayectoria impecable de cumplir con los compromisos financieros, el país dejó de pagar la deuda que tiene con los fondos de pensión de los trabajadores. El atraso, para el mes de abril, fue de $55 millones.

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“Aunque ya se había advertido que se podía llegar a una crisis fiscal si no se corregía el rumbo de las finanzas públicas, este hecho no dejó de sorprendernos porque fue inesperado, y se pudo haber pagado con reorientación de fondos del presupuesto, y no hubo voluntad para hacerlo”, indicó la experta. “No se comprendieron las consecuencias que esto tendrá para el país”.

Para FUSADES, este no fue un hecho aislado que se dio de la noche a la mañana, sino que hay toda una trayectoria. Las calificaciones del riesgo del país han venido bajando desde 2009, pero a partir de finales de 2016 esa caída fue más abrupta y se le colocó una nota de “CCC”, altamente especulativa. Más adelante, las agencias reportaron al país en “impago selectivo”, una categoría todavía más baja.

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Según FUSADES, la raíz de los problemas fiscales del país es el exceso del gasto corriente, que en 2016 llegó a representar $5,205 millones, la mayor parte por remuneraciones, que sumaron más de $2,000 millones en 2016.

“Tenemos un gasto corriente impulsado por las remuneraciones, y es muy difícil salir a pedir deuda para gasto corriente. Esto lleva a presentar presupuestos incompletos; el presupuesto 2017 tiene un faltante de $585.9 millones, sin incluir los pagos atrasados ni el subsidio de la energía eléctrica, solo el presupuesto del Gobierno central, y esto en algún momento tiene que saltar”, dijo Alas de Franco.

En el transcurso del año si hay un exceso de gasto corriente para el que no hay financiamiento en el presupuesto, se cubre con deuda. En el caso de El Salvador, se ha recurrido a las Letras del Tesoro, unos papeles con vencimientos menores a un año.

“De LETES tenemos un saldo de $761 millones a abril de este año, y eso después de pagar $307 millones con emisión de eurobonos. A partir de 2009 hemos tenido cuatro reestructuraciones de esta deuda de corto plazo, y una que se declaró inconstitucional”, recordó la analista.

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Otro problema, indicó, es la decisión política de dejar de pagar la deuda de pensiones con fondos propios. Desde que en 2006 se comenzaron a emitir Certificados de Inversión Previsional (CIP) para pagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema, estos CIP se pagaban con recursos propios del Estado. “Fue hasta septiembre de 2016 que se quiere cubrir con deuda todo lo relacionado al pago de pensiones. En el presupuesto 2017 se elimina completamente el pago de la deuda previsional, no hubo fondos para pagar y se cayó en el impago. Se pudo evitar si el presupuesto hubiera sido transparente. Esto traerá consecuencias negativas muy grandes para el país”, insistió Alas de Franco.

Si bien el Gobierno, el 21 de abril, reorientó fondos del presupuesto para cubrir la deuda, esto no revierte automáticamente las consecuencias del impago, dijo, y se necesitan políticas y medidas para ello. “A corto y mediano plazo hay otros riesgos que enfrenta el país y se deben analizar, y lograr acuerdos para no llegar a una situación más grave”.

En el mercado internacional hay una tendencia al aumento de las tasas de interés. En la composición de la deuda del país, ha aumentado ligeramente la tasa de interés y también subirán por la baja en la calificación de riesgo.

Con el supuesto de que se aumente 1 % de las tasas de interés a pagar en 2017, serán $62 millones más en pago de intereses. Hay que añadir $51 millones de interés por la emisión de $601.1 millones en eurobonos que se tuvo este año. “Estos son menos recursos para otros programas del Gobierno, para salud, para educación”, lamentó la investigadora.

El riesgo de aumento de tasas de interés viene por factores externos y por la baja en la calificación del país. Los bancos ya comienzan a reportar aumentos en los intereses por fondeo internacional.
 

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