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FUSADES lamenta que no se corrigiera presupuesto 2018

La entidad dice que se desperdició la oportunidad de corregir las finanzas públicas a través del diseño del presupuesto general.
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Foto de LA PRENSA/Archivo Críticas.  FUSADES dice que ni el Ejecutivo ni el Legislativo se preocuparon por cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el presupuesto.

Foto de LA PRENSA/Archivo Críticas. FUSADES dice que ni el Ejecutivo ni el Legislativo se preocuparon por cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el presupuesto.

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Desde que el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Presupuesto del Estado para 2018, este fue objeto de críticas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). La entidad insistió en que el proyecto repetía problemas del pasado, como gastos no incluidos o ingresos sobreestimados.

Ahora con el presupuesto 2018 ya aprobado y vigente, la fundación publicó un estudio de este en el que sostiene que se desperdició la oportunidad de corregir las finanzas públicas. “Con la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad del presupuesto 2017, se creó una oportunidad para aprobar un presupuesto para 2018 que obligara a racionalizar el gasto no prioritario o no justificado, y a encaminarse hacia una trayectoria de sostenibilidad de la deuda”, indica el documento elaborado por la analista Carolina Alas de Franco.

La aprobación del presupuesto 2018, por un monto de $5,467.5 millones, requería mayoría calificada, ya que necesitaría de la contratación de nueva deuda para financiarse.

Según Alas de Franco, si bien se anticipaba que habría elementos políticos que pesarían, al mismo tiempo se esperaba una negociación más responsable del presupuesto para ordenar las finanzas públicas. “Sin embargo, esta oportunidad no se aprovechó, ya que prevalecieron los criterios políticos, y ninguna de las partes quiso asumir el costo de un ajuste fiscal, sobre todo en un año electoral y preelectoral”, añadió.

En opinión de FUSADES, el proceso de discusión del presupuesto no llevó a la reducción de las erogaciones que fueron objeto de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ni con respecto al presupuesto de 2017, ni en relación con el de 2018; y se aprobó un aumento sustancial en el número de empleados del sector público no financiero que superó el incremento contemplado en el presupuesto 2017. “Esto no da señales de que el país se pueda enrumbar a una ruta de disciplina fiscal”, comentó Alas de Franco.

El presupuesto se aprobó hasta enero de este año. En negociaciones a puerta cerrada, los partidos acordaron aprobar la emisión de $350 millones en deuda para financiarlo.

FUSADES insiste en que el presupuesto continúa siendo oscuro, porque no se han incluido todos los gastos, se han subestimado algunas partidas y se continúa sin mayor control sobre las erogaciones. “Se necesita de la aprobación de una ley de la administración pública que regule y evite los abusos cometidos en el manejo del recurso humano y las remuneraciones”, señaló.

Además, se aumentaron las estimaciones de recaudación de IVA y renta sin bases que lo justifiquen, según FUSADES. Al sobreestimar ingresos, el resultado es que a medio año hay un faltante de liquidez, ya que no se logra recaudar lo esperado.

La fundación asegura que se necesita de mayor participación ciudadana y de mayor información. Junto con los presupuestos votados debe estar disponible al público el detalle de rubros, como, por ejemplo, el de bienes y servicios desglosados por institución.

“Solo conocer el monto agregado de las erogaciones no permite hacer una verdadera contraloría ciudadana. Entre más detallada la información de acceso público es más fácil el involucramiento de la sociedad civil en las distintas etapas del presupuesto”, concluye el documento.


3%
 es el ajuste fiscal que se esperaba lograr para el país.

$350
 millones adicionales de deuda deberán emitirse para poder financiar el Presupuesto General del Estado para 2018.

Sentencia sin cumplir
En el presupuesto 2018 se estaban  considerando 3,628 plazas nuevas, para un incremento neto de 2,564 puestos de trabajo en el sector público no financiero. La sentencia de la sala ordenaba suspender la creación de plazas nuevas y el reemplazo de las vacantes.

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