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FUSADES pide no aprobar reforma de pensiones

La entidad insiste en que la propuesta del Ejecutivo viola los derechos constitucionales de los trabajadores y sostiene que, de aprobarse, perjudicará a la población con menores ingresos y a las mismas finanzas públicas.
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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) pidió a la Asamblea Legislativa no aprobar la propuesta de reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo, y que sustituiría el actual sistema de cuentas individuales por un esquema mixto, en el que un 70 % de los cotizantes volverían al reparto: los aportes de los trabajadores van a un mismo fondo, del que se toma dinero para pagar las pensiones de quienes se van jubilando.

Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, dijo que se trata de una reforma inconsulta, que no resuelve los problemas del sistema previsional, que viola los derechos de propiedad de los trabajadores, y que causará daños “permanentes e irreversibles” al sistema de pensiones.

De hecho, sostiene que al pasar al Estado la obligación de pagar las pensiones del 70 % de los trabajadores, se impactará negativamente a las finanzas públicas y se aumentará a futuro el déficit fiscal del país.

Ayer, diputados de la Asamblea Legislativa y entidades no gubernamentales participaron en un foro para discutir la propuesta del Ejecutivo. El presidente de FUSADES dijo que no se les tomó en cuenta, y que la actividad se había organizado para dar la impresión de que se había discutido el proyecto.

Críticas al proyecto

Los representantes de FUSADES enumeraron una serie de debilidades y problemas que encuentran en el proyecto de reforma que el Ejecutivo espera se apruebe en los próximos días.

“El sistema privado no necesita de esta reforma, lo que necesita es que el Gobierno pague tasas de mercado por usar el dinero de los trabajadores”, dijo Simán, en referencia al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que el Gobierno usa para pagar las pensiones del antiguo sistema.

Hasta 1998, las pensiones en El Salvador funcionaban con un sistema de reparto, y al cambiarse por el de cuentas individuales, el Gobierno asumió la responsabilidad de pagarles a los jubilados del ISSS y el INPEP. Las reservas del sistema de reparto se agotaron en 2002, y desde entonces se hecha mano de otras fuentes de financiamiento para cubrirlas.

El FOP obtiene dinero con la venta de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que pagan un interés bajo, lo que ha sido denunciado por diversos organismos y fue motivo de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha ordenado a la Asamblea Legislativa mejorar dicha tasa.

Simán agregó que las pensiones no son la causa del déficit fiscal del país y que, de aprobarse la reforma, se agravará la situación de las cuentas públicas, que deberán responder por las pensiones de siete de cada diez cotizantes.

“Además se pretende confizar los ahorros privados de la gente, porque los fondos de pensiones no son del Estado, son de los trabajadores que los tienen en sus cuentas individuales. Se les violaría su derecho constitucional a la propiedad”, agregó.

Señaló que si el Gobierno toma los ahorros para pensiones con la promesa de devolverlos a futuro, caerá en una “falsedad premeditada”, pues los funcionarios de la actual administración han admitido que no pueden hacer frente a sus compromisos presentes.

Finalmente, criticó que la propuesta no haya sido ampliamente discutida, y que carezca de un soporte técnico. “Sería una total irresponsabilidad aprobar una reforma inconsulta como esta, lo que se necesita es formar una comisión interpartidaria, con la participación de los diferentes sectores del país, de los organismos internacionales, en la que se llame a expertos para encontrar una verdadera solución”, afirmó.

Menos beneficios

Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, aseguró que habrá un impacto negativo en la población de menores ingresos, que en su mayoría volvería al sistema de reparto.

“El impacto es sumamente negativo para los más pobres, sobre todo para quienes no logren cumplir los requisitos para pensionarse y que solo consigan la devolución de su saldo”, dijo.

Con el sistema actual, cuando una persona cumple la edad de jubilación pero no los requisitos de tiempo de cotización, la AFP le devuelve el saldo de sus aportaciones, y la rentabilidad que estas han tenido. Con la reforma, solo se les devolvería el saldo de sus cotizaciones, sin la rentabilidad, explicó (ver ejemplo en el recuadro).

“A quienes están por cumplir los 55 años, en el caso de las mujeres, y 60, en el de los hombres, si esta reforma se aprueba, y los cumplen antes del 16 de abril de 2017, se les reducirá su pensión de un 70 % de su salario, a un 33 % en el caso de las mujeres y un 40 % en el de los hombres”, añadió Trigueros.

La reforma, comentó, no contiene ningún elemento que ayude a mejorar la rentabilidad de los fondos para pensiones, algo que es fundamental para determinar el monto de las mismas.

Finalmente, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, dijo que la reforma violará derechos constitucionales de los trabajadores, como el de la propiedad y el de la seguridad social.

“Se viola el derecho a la seguridad social porque es una reforma inviable e insostenible, el mismo ministro de Hacienda ha dicho que nacerá desfinanciada”, señaló Castro.

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