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GOES debe respaldar propuesta de reforma previsional: analistas

Sin estudios actuariales no se pueden estimar las pensiones que se pagarían bajo la propuesta del Ejecutivo, afirman. Señalan problemas de cobertura y sostenibilidad.
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La última propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que presentó el Gobierno carece de estudios actuariales y no asegura una forma para pagar las pensiones futuras, según dijeron analistas. Además, tampoco resuelve temas como la baja cobertura.

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El economista Luis Membreño explicó que el problema con la propuesta más que saber de cuánto sería la tasa de remplazo, es decir, la pensión como porcentaje del salario, es si realmente va a haber dinero para pagar. “El problema es que se llevan el dinero del afiliado y queda solo un concepto nocional, una noción (de) que está el dinero. El problema de fondo es que no va a haber dinero para pagar las pensiones, entonces, no es cuánto van a pagar, sino cómo van a pagar”.

Esto porque la propuesta del Gobierno estipula que se suba la cotización para pensiones, del actual 13 % del salario a un 15 %, con un 1 % más que debe poner el empleador y un 1 % más que aporta el trabajador. Pero ese dinero no va todo a la cuenta de ahorros, un 8 % iría a un fondo colectivo, y 5.5 % sería individual.

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El fondo colectivo también tomaría la mitad de todo lo que hay actualmente ahorrado en las AFP, además de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), es decir que el Estado pagaría la deuda de pensiones a este fondo y no a los trabajadores, más un aporte del Gobierno de hasta un 5 % de los ingresos corrientes de cada año.

Rommel Rodríguez, investigador de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE), explicó que la reforma es compleja, porque el dinero de cada persona estará en cuentas individuales, pero dentro de un fondo colectivo. El Gobierno usaría este dinero para hacer los pagos que hace actualmente, como las pensiones de los que se jubilaron con el sistema de reparto, que se reformó en 1998, o los llamados “optados” que cotizaron en ambos sistemas y eligieron pasarse al esquema de las AFP.

Sin embargo, la cuenta que la persona tendría sería “nocional”, es decir que aunque la persona sea la propietaria, el Gobierno lo puede usar, y al momento de la jubilación, el dinero estaría ahí. Membreño criticó este concepto, ya que se estaría creando una deuda con el trabajador, “pero no se dice cómo se va a pagar”.

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Rodríguez agregó que el fondo, aunque se alimente de varias fuentes se desestabiliza porque pagaría pensiones mínimas aún cuando la persona no llegue al monto de cotización necesaria. De hecho, la presentación que se hizo a los partidos políticos revela que a partir de 2018, ese fondo tendría un balance negativo.

El economista agregó que sin estudios actuariales no se pueden estimar las pensiones que se pagarían. En esa línea, María Elena Rivera, coordinadora de políticas públicas de la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), señaló que el Gobierno (no) ha hecho una presentación a la opinión pública de su propuesta.

“De 2018 en adelante el balance del fondo es negativo, el Gobierno va a responder, pero va a responder con deuda, siempre va a haber carga en las finanzas públicas”, aseveró Rivera. La analista agregó que no se resuelve el tema de la baja cobertura, es decir, de todas las personas que no cotizan, ni se promueve la educación previsional, ya que aún hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona el sistema. Por su parte, Membreño dijo que la propuesta que hizo la Iniciativa Ciudadana de Pensiones (ICP) es más sólida porque sí está fundamentada con estudios.
 
 

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