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GOES dice que necesita $925 mill para cubrir déficit 2018

El Ministerio de Hacienda debe hacer frente a una serie de pagos en lo que resta de 2017, entre estos, el subsidio al gas propano y el pago por la deuda de CIP.

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Problema de caja. En 2017, el GOES se ha retrasado con los pagos de subsidios al gas y electricidad, entre otros.

Problema de caja. En 2017, el GOES se ha retrasado con los pagos de subsidios al gas y electricidad, entre otros.

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El Gobierno de El Salvador (GOES) tiene que asegurar, al menos, $925 millones para cuadrar el Presupuesto General de la Nación de 2018, el cual se presentará el próximo 29 de septiembre, según adelantó ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, durante una entrevista televisiva, “Eso es impagable”, acotó.

Por esta razón, el Gobierno está abierto a analizar alternativas de financiamiento como créditos o bonos puente. El funcionario ha dicho que el déficit de las finanzas públicas es más notorio hoy debido a las dificultades que, desde hace dos años enfrenta el Gobierno para financiarlo, en parte por las restricciones que impone el parlamento.

Pero Hacienda también necesita $260 millones para terminar 2017. Ayer, Cáceres reconoció que han habido retrasos en el pago del subsidio al gas propano debido a “problemas de flujo... Lo que ha pasado es que el precio del gas ha subido, entonces, el Gobierno tomó la decisión de no castigar a la población aumentándole el precio”, sostuvo el ministro.

Según dijo, hasta hace tres meses el Gobierno erogaba entre $500,000 y $600,000 a la semana al Ministerio de Economía (MINEC) para pagar este beneficio, y hoy se pide cerca de $800,000 para eso. “Estamos buscando cómo pagarlo”, dijo el ministro.

El retraso en los pagos ha complicado la operación de las gaseras. Marco Martínez, director general de Tropigas, explicó que desde hace dos meses han experimentado irregularidad en los desembolsos del Gobierno. “Las gaseras ya no estamos obligadas a financiar el subsidio, es algo que lo hemos hecho porque no todas las tiendas tienen el capital de trabajo para estar aguantando $50 o $100, por eso absorbemos esa parte del subsidio y luego la cobramos al Gobierno”, apuntó.

“Esta no es una deuda que el Estado nos tenga garantizada, no hay ningún respaldo, ya cuando esto llega a estos límites nos vemos en la obligación de cortar las ventas con subsidio”, dijo Martínez. La deuda del GOES con Tropigas asciende a más de $600,000. Un 50 % de las ventas de gas de esta empresa es con subsidio.

Jorge Rodríguez, gerente general de Tomza Gas, comentó que los retrasos complican su operación porque “hemos seguido dando el subsidio”.

“No es que no estén pagando al 100 %, lo que pasa es que el pago es mucho menor a lo que se genera en subsidio”, agregó.

Tomza reporta una deuda cercana a los $300,000. “Nosotros estamos absorbiendo esta deuda. En un momento dado si esto no se regulariza no va a ser sostenible para nosotros”, explicó.

Pensiones

El ministro de Hacienda manifestó durante la entrevista “Frente a Frente” que todavía no cuenta con los $91 millones en concepto de capital e intereses de la deuda por los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

“No los tengo, los tiempos apremian”, dijo ayer el funcionario. “Deben ser generosos y responsables con la población. Con esto no se juega”, declaró en referencia a los diputados, quienes son los que aprobarán un proyecto de reforma de pensiones.

En el parlamento se han recibido varios proyectos para este tema. Cáceres dejo entrever ayer que se está en la fase final de la negociación. La discusión se ha enfocado en como distribuir un fondo común constituido a partir de los ahorros de los trabajadores y en qué se utilizará el dinero. El Gobierno propone un fondo colectivo con 8 % de la cotización, mientras que la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) propone una reserva vitalicia con 5 %. El dinero se utilizará para pagar la pensión de los “optados”, es decir, aquellos que cotizaron en ambos sistemas, y de los cotizantes en el actual sistema para cuando se les termine su ahorro individual. Cáceres dijo que una propuesta de reforma a la Ley del FOP no obliga a las AFP a comprar los nuevos títulos que se crearían.

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