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GOES no dice qué hará para enfrentar más riesgo en deuda

Ante la baja en la calificación de B a B-, los funcionarios creen que el problema son los desacuerdos en política. Los dirigentes gremiales señalan que el precio lo pagarán empresas y ciudadanos.
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El Gobierno requiere préstamos millonarios para poder terminar el año, pero la baja calificación que dio Standard & Poor's (S&P) a la deuda salvadoreña provocará que ese dinero prestado tenga que pagarse caro. Frente a esta situación, los funcionarios del Gabinete Económico no detallan planes de solución ni acción, sino que intentan cargar todo el peso sobre la falta de acuerdos con la oposición política.

El jueves, S&P anunció que después de analizar la situación económica del país, decidieron bajar la calificación de la deuda de B a B-. El mensaje que recibe la comunidad de inversionistas es que ahora el Estado salvadoreño tiene más dificultades para cumplir con sus compromisos, en comparación con otros países que viven condiciones similares.

Roberto Lorenzana, titular de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STTP) y jefe del referido gabinete, concentró el problema en los desencuentros con ARENA, el partido de oposición. “Ratifica que los problemas de riesgo del país y los problemas de calificación también están vinculados a un problema de decisión política”, dijo Lorenzana, refiriéndose al resumen de S&P subido a internet.

El titular del Ministerio de Hacienda (MH), Carlos Cáceres, ni tampoco sus asesores ni viceministros asistieron al evento del Gabinete Económico.

“Ni siquiera se refieren a los números. Dicen: es la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa. Lo dice textualmente el mensaje que conocimos ayer”, insistió Lorenzana, siempre sobre S&P.

En efecto, la calificadora de riesgo habla sobre el estancamiento político en el país como una de las causas por las que no ha sido posible tener suficientes préstamos para cerrar el año. “Los perfiles fiscal y de deuda del país se han debilitado derivado del reciente estancamiento político”, señala el resumen de S&P. La diferencia es que sí hay bastantes referencias a “los números” que menciona Lorenzana. Por ejemplo, S&P calcula que el desequilibrio de las finanzas públicas será de 4 % como proporción de la producción este año y que la deuda pública será de hasta 66 % como proporción de la producción durante el período de 2017 a 2019.

El informe de la calificadora también advierte que el Gobierno no ha resuelto el dilema de cómo cubrir sus necesidades de fondos adicionales en 2017 y 2018. Cuando LA PRENSA GRÁFICA consultó a los funcionarios qué pensaban hacer sobre esos próximos años, no contestaron la pregunta y su equipo de prensa no permitió insistir.

El precio lo pagarán todos

Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) , advirtió que una baja en la calificación tiene un impacto mucho más amplio.

“También afecta a los empresarios y a todos los ciudadanos porque el riesgo país encarece el acceso a recursos por parte de la banca, lo que también sube los intereses que pagamos en los préstamos personales y de las empresas”, comentó Simán.

Cuando el Gobierno enfrente intereses más altos, explicó Simán, “recursos del Estado que podrían destinarse a programas sociales o a inversión pública se tendrán que destinar a pagar los intereses más altos de la deuda”.

Por su parte, Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), lamentó que el Gobierno minimice la baja en la calificación. “La caída en las calificaciones para el país ya se volvió una tendencia preocupante, sobre todo porque el Gobierno no lo toma como una señal de que algo está haciendo mal. Debemos exigir al Gobierno que ajuste su gasto”, manifestó Cardenal.

“Cuando decimos que el Gobierno tiene serios problemas no es una valoración subjetiva, es con base en la valoración técnica y objetiva que hacen estas firmas reconocidas internacionalmente”, agregó el dirigente de ANEP.

Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CAMARASAL) dijo: “Este es otro retroceso, no solo en materia fiscal, sino en competitividad y nos deja en desventaja frente al resto de países de la región y del mundo”. Steiner también detalló que el sector privado resultará afectado, porque las calificadoras como S&P “no ven voluntad política en que los problemas se resuelvan y eso se deriva de la irresponsabilidad que el Gobierno ha tenido, y encima de todo está impulsando un presupuesto 2017 que ya sabemos que no es ni honesto ni completo”.

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