GOES optimista ante nueva negociación con el fondo

El gabinete espera una pronta respuesta por parte del FMI ante la propuesta de ajustar metas fiscales y el calendario para su cumplimiento. Una misión de la entidad está en el país.
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<p>El Gobierno salvadoreño confía en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acepte su propuesta de ajuste de metas fiscales y el respectivo calendario para el cumplimiento de las mismas, en el marco de la visita que una misión de ese organismo lleva a cabo para revisar el acuerdo precautorio.</p><p> Ese acuerdo, firmado en 2010, por $790 millones, servía al país como respaldo para contratar préstamos con otros organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).</p><p> “Nosotros estamos optimistas de que vamos a llegar a un acuerdo”, afirmó ayer René Mauricio Guardado, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, sobre las negociaciones que mantiene el Gobierno con el organismo para lograr un ajuste de las metas.</p><p> Según este funcionario, la misión –que llegó la semana pasada– estará parte de esta semana en el país terminando de recolectar la información que necesita.</p><p> Sobre las propuestas del Gobierno, que van en el sentido de mover las fechas acordadas para alcanzar metas fiscales y nuevo plan de medidas, Guardado dijo que esperan una respuesta del organismo “lo más pronto posible”.</p><h2>Tras conservar acuerdo</h2><p>En abril pasado, representantes del FMI se reunieron con miembros del Gabinete Económico, entre ellos Álex Segovia, secretario técnico de la Presidencia, y Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva, para revisar qué tanto El Salvador había cumplido las condiciones que el organismo le puso, al firmar.</p><p> El FMI suspendió el acuerdo precautorio (stand-by agreement, en inglés) porque consideraba que el país no estaba cumpliendo con lo acordado en 2010.</p><p> Entre otras cosas, el acuerdo establecía ciertas metas de crecimiento, inflación y gasto. Este último es el lado flaco del Gobierno salvadoreño. El acuerdo está suspendido temporalmente, pero podría quedar permanentemente cancelado si el directorio del organismo así lo establece. El acuerdo se aprobó para 36 meses, que finalizarían en marzo de 2013.</p><h2>Carta de intención</h2><p>Un equipo del fondo visitó El Salvador el 7 de noviembre de 2011, mientras el país terminaba de contabilizar los daños y pérdidas económicas causadas por la depresión tropical 12-E en octubre de ese mismo año. Lo que encontraron fue un incumplimiento de metas de gasto y también en el déficit.</p><p> El Gobierno se comprometió entonces a hacer un ajuste del gasto para el cierre del año y para lo que restara del acuerdo. El Salvador cerró 2011 con $906 millones de déficit: $200 millones más de lo que decía el acuerdo.</p><p> La racionalización del gasto ha sido una deuda que el Gobierno ha arrastrado durante años. La presente administración se ha comprometido a impulsar un plan de ahorro estatal.</p><p>&nbsp;</p><p> En la reunión de la semana pasada, el FMI notificó la suspensión del acuerdo, mientras se trabaja una renegociación del mismo, con nuevas metas. El Gobierno ha pedido una flexibilización de esas metas establecidas en el acuerdo. Esto implicaría, entre otras cosas, hacer una racionalización real del gasto en subsidios, que solo el año pasado drenaron más de $400 millones del maltrecho erario público. El directorio del FMI debe responder si acepta la renegociación o decide cancelar el acuerdo.</p><p>&nbsp;</p><p> Sin el acuerdo, el país tendrá problemas para contratar, e incluso para lograr el desembolso de créditos contratados con organismos como BID y BM.</p><p>&nbsp;</p><p> En septiembre de 2011, El Salvador envió al FMI una carta de intención en la que detalla metas y compromisos para el cumplimiento del acuerdo (ver PDF).</p><p>&nbsp;</p><p> En esta, el Gobierno calculaba un crecimiento del 2% para el cierre de 2011, que finalmente fue del 1.5%, según las últimas cifras proporcionadas por el Banco Central de Reserva, y anunciaba un aumento de la inflación, que podría llegar al 7% debido al alza en los precios del petróleo y de alimentos.</p><p>&nbsp;</p><p> También revelaba que, debido a este mismo encarecimiento de los hidrocarburos y los alimentos, había tomado medidas temporales de alivio para la población.</p><p>&nbsp;</p><p> La primera: un aumento del subsidio al transporte público. En marzo del año pasado, el Ejecutivo propuso y el Legislativo aprobó un aumento de $250 en el subsidio que se da a los empresarios del transporte público, por cada autobús, y de $125 al subsidio por cada microbús. La subvención pasó a ser de $750 por autobús y $375 por microbús.</p><p>&nbsp;</p><p> Una segunda medida fue la expansión de la cobertura del subsidio a la energía eléctrica, con la que se abarcó a los hogares con consumos mensuales de hasta 300 kilovatios hora. Anteriormente este subsidio tenía un tope en el consumo de 200 kilovatios hora.</p><p>&nbsp;</p><p> Una tercera medida era la suspensión temporal del cobro del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), de $0.18 por galón de gasolina, y que le reportaba a Hacienda unos $25 millones anuales.</p><p>&nbsp;</p><p> El Ejecutivo calculaba, de acuerdo con la carta, que el costo de estas medidas equivaldría a un 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país –casi $500 millones–, y dijo que se suspenderían al finalizar 2011.</p><p> Si bien se redujo el techo del subsidio a la energía, y se ha vuelto a cobrar el FEFE, el subsidio al transporte público continúa (aunque el presidente Mauricio Funes ha anunciado que lo reducirá a la mitad, es decir, que desembolsará $35 millones).</p><p>&nbsp;</p><p>Entre otras metas, se comprometía a reducir el déficit a $817 millones, un 3.5% del PIB, y a mantener una relación de deuda pública sobre el PIB, del 52%.</p><p>&nbsp;</p><p>Al final, solicita el FMI una nueva revisión del acuerdo.</p>

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