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GOES ya pagó la cuota de abril a fondos de pensión

AFP Confía recibió $30 millones y AFP Crecer, $26 millones, la cantidad de la deuda vencida. Hace una semana, la Asamblea Legislativa aprobó movimientos presupuestarios para poder hacer estos pagos.
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El Gobierno pagó este viernes la deuda vencida que mantenía con los fondos de pensiones. Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, dijo que el Ministerio de Hacienda pagó a las administradoras de Fondos de Pensión (AFP) el saldo vencido y los intereses correspondientes a los días de retraso.

AFP Confía confirmó que les pagaron $30 millones, mientras que AFP Crecer recibió $26 millones.

El pago se hizo una semana después de que la Asamblea Legislativa aprobó movimientos de fondos en las partidas del Presupuesto General de la Nación de 2017, para obtener $56 millones y salir de la situación de impago en la que el Gobierno cayó el pasado 7 de abril. En esa fecha se dejaron de hacer los pagos respectivos a los fondos de pensión, administrados por las AFP. En lo que va de abril, la deuda vencida superaba los $55 millones.

Los movimientos presupuestarios generaron polémica, puesto que implicaron recortes a carteras como Educación y Salud, y bajas considerables en los montos asignados a ramas como Turismo y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, entidades internacionales, como el Banco Mundial, afirmaron que era urgente que el país resolviera la situación de impago, para evitar que las consecuencias de ello fueran más graves.

Después de que el Gobierno cesó los pagos a los fondos de pensión, firmas especializadas en evaluar los riesgos crediticios de los países comenzaron a bajar la calificación de El Salvador. Fitch y Moody's, por ejemplo, colocaron al país en calificación “CCC”, es decir, un emisor de deuda altamente especulativa, con riesgo de no pagar sus obligaciones. Solo El Salvador y Venezuela tienen este tipo de calificación en América Latina.

Standard & Poor's fue más allá y ubicó al país en “SD”, “Selective Default”, o impago selectivo, con lo que enviaron un mensaje a los inversores internacionales de que El Salvador es un país con propensión a no cumplir con sus pagos.

Las consecuencias de estas bajas en la calificación van desde un aumento en los intereses y el encarecimiento del dinero en general, hasta el cierre de fuentes de financiamiento, explicó el analista Mauricio Choussy.

Puso como ejemplo a los bancos que deben buscar fondos en el exterior. Las grandes instituciones financieras internacionales no querrán prestar dinero a un país en “CCC” o “SD”, ya que el alto riesgo de impago las obliga a tener reservas adicionales.

“También se afectan los proyectos. Acá se estaba haciendo un esfuerzo por diversificar la matriz energética, pero los proyectos de energías alternativas que estaban en la etapa de gestionar financiamiento han comenzado a encontrar problemas”, ejemplificó.

El cierre de las fuentes de financiamiento es, en opinión de Choussy, una de las consecuencias más preocupantes de la baja en la calificación de riesgo del país, y que tendrá efectos en la economía puesto que implica un freno a las nuevas inversiones y, por ende, a la generación de empleos.

Humberto López, director del Banco Mundial para Centroamérica, señaló que también debe verse el impacto social de esta situación. “El aumento en las tasas de interés que el Gobierno debe pagar por su deuda implica que recursos que podrían usarse para salud, educación, u otras prioridades que tengan como país, se tienen que estar usando para cancelar el servicio de la deuda, más intereses”, apuntó.

Ahora que el Gobierno ha comenzado a ponerse al día con los fondos de pensión, es probable que Standard & Poor's saque al país de la categoría de impago selectivo, y lo devuelva a un “CCC”, señaló Choussy. “Pero no es probable que nos saquen pronto del ‘CCC’. Hay pagos pendientes que hacer en julio, y sin una solución integral al problema fiscal vamos a volver a ver situaciones como la que ya tuvimos en abril, así que las calificadoras esperarán a ver qué pasa”.

A esto se suma el riesgo político que se percibe y que, en opinión de Choussy, ha tenido mucho peso en las evaluaciones que están haciendo al país las calificadoras. “Se percibe que hay un ‘gridlock’, un candado político que no permite que logremos acuerdos”.

López, por su parte, insistió en que la solución al problema fiscal de El Salvador es relativamente simple, pero que pasa por un ajuste fiscal equivalente a 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), tal y como lo ha sugerido el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una combinación de medidas de recorte del gasto y de aumento de los ingresos, sobre todo vía impuestos. “El llamado es al diálogo, deben poner los intereses del país por delante”, sentenció.
 

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