Gobierno adquirirá hasta 40% de semilla de maíz para paquetes agrícolas

La compra abarca a empresas extranjeras, ya que los productores nacionales no cubren toda la demanda, aseguran autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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El gobierno tiene previsto comprar entre el 30 y el 40% del total de paquetes de semilla de maíz para la entrega de los paquetes agrícolas, a través de un mecanismo bursátil. Esto abre la oportunidad para que participen empresas extranjeras.
 
“Habrá una compra a extranjeros, que es el gran tema, porque los productores (nacionales) no cubren toda la demanda”, dijo Pablo Alcides Ochoa, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
 
Ochoa explicó que harán una compra adicional de 30,000 quintales de semilla de maíz “por bolsa”. Esto significa que para llenar el hueco en la oferta acudirán a la Bolsa de Productos y Servicios (BOLPROS), donde el proceso es más corto que una licitación.
 
En total, este año adquirirán 75,000 quintales de semilla de maíz a cooperativas, productores individuales y empresas multinacionales, de acuerdo a lo que tiene programado el MAG.
 
El decreto 198, vigente desde el 20 de diciembre de 2012, facultó al MAG para comprar la semilla directamente, sin seguir los procesos que manda la Ley de Compras Públicas (LACAP). El segundo párrafo del artículo 1 en ese documento señala que “únicamente podrá adquirirse semilla certificada de maíz y de frijol, cuando provengan de productores salvadoreños y se cumplan con las especificaciones técnicas”.
 
Los representantes de la Cámara Americana de Comercio y la Asociación de Proveedores Agrícolas (APA) están en contra de lo establecido en el decreto, porque consideran que viola el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-DR, en inglés).
 
“La columna vertebral de los compromisos comerciales adquiridos por el país, por sus instituciones, es el acceso a mercados y al mismo trato nacional”, subrayó Figueroa.
 
En ese tratado, el gobierno se comprometió a promover las adquisiciones públicas en igualdad de condiciones para empresas nacionales e internacionales. El director de APA explicó que para participar en la BOLPROS, por ejemplo, se incurren en gastos que no los tendrán aquellos que puedan proveer amparados por el decreto. 
 
El gobierno de Estados Unidos ha intervenido en la discusión y Ochoa confirmó que se reunió con ellos. “Tenemos justificación como para que el decreto siga vigente y no pretendemos violar ningún tratado”, destacó el funcionario. Es así que descartó modificar el documento: “el decreto a lo mejor no quedó bien redactado”, comentó.
 
Las reuniones continuarán durante los próximos días.

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