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Gobierno propone que constructores cedan terreno de sus proyectos

Las empresas que desarrollan proyectos de vivienda sugieren buscar otras alternativas porque consideran que puede desmotivar a la industria.
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El Viceministerio de Vivienda planteó a las empresas constructoras que entreguen una quinta parte de sus proyectos habitacionales, con el objetivo de que pueda servir para proveer vivienda mínima.

La propuesta, que todavía no es oficial, obligaría a los desarrolladores a ocupar un 20 % del terreno que han comprado, o el equivalente en casas, para vivienda llamada de interés social.

La discusión ocurre en el seno del Consejo Consultivo Transitorio de Vivienda y Hábitat, donde participan el sector gubernamental, el empresarial, ONG y líderes de comunidades que representan a los usuarios de viviendas.

Las empresas dedicadas a esta industria no están de acuerdo con lo que plantea el VMVDU porque consideran que al final desmotivará la inversión.

“Nosotros definitivamente no compartimos esa propuesta”, dijo Ángel Díaz, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO). “Hemos hecho nuestra advertencia alrededor de eso, porque lejos de estimular la industria, le provocará grandes dificultades”, agregó Díaz.

También Rafael Menéndez, gerente general de Grupo Roble, indicó que apartar una porción del terreno podría ser contraproducente. “No es una visión adecuada para el desarrollo. Implica que los desarrolladores donen el terreno en el interior de sus proyectos para un desarrollo mezclado de distintos productos”, expli có el gerente de Grupo Roble.

Los representantes del sector empresarial explicaron que si esta iniciativa prospera hasta una propuesta oficial, el costo de las viviendas puede subir.

Casas combinadas

Óscar Hernández, director general del VMVDU, explicó que no se trata de una idea de la institución. Hernández aseguró que, más bien, han presentado los resultados de una consultoría que contrataron antes de elaborar la Política Nacional de Vivienda y Hábitat. Esta política cumplió en octubre un año desde su lanzamiento y es el sustento para una eventual ley de hábitat y vivienda.

El director del viceministerio detalló que la idea de “proyectos combinados” es una de las recomendaciones que dejó la consultoría. “No es nuestro planteamiento”, insistió Hernández.

En concreto, la idea es que la vivienda de interés social sea parte de las ventas del empresario constructor. Por ejemplo, si había pensado vender 100 casas para un sector de alto poder adquisitivo, entonces 20 de esas casas deberán estar destinadas para otro sector de menor poder adquisitivo (interés social). Todo sería parte de la comercialización.

El funcionario del VMDVU dijo que hay ejemplos sobre este tipo de zonas residenciales. Por ejemplo, en La Montaña, Santa Tecla, donde un muro separa los dos tipos de vivienda. Esto queda en los alrededores del Polideportivo de Merliot.

Hernández incluso comentó que la consultoría menciona cómo tener zonas residenciales para distintos segmentos de la población propicia “separaciones que provocan problemas sociales” y que dificultan la unión entre comunidades.

Hasta el cierre de esta nota no fue posible acceder al documento en el que se hallan estas recomendaciones de la consultoría. Según el VMVDU, todavía están discutiendo el contenido con los miembros del consejo consultivo y hasta final de año tendrán el borrador de anteproyecto de ley. Entonces, inician otra vez el proceso de consulta con todos los sectores.

Por este mismo motivo, el director general del VMVDU no se aventuró a decir si los proyectos combinados o la cesión de terreno será una propuesta definitiva dentro de la ley.

Menéndez, de Grupo Roble, dijo que hay otras alternativas para poder estimular el crecimiento de la industria y, al mismo tiempo, conseguir que más ciudadanos tengan un techo.

En ese sentido, mencionó la ley de intereses preferenciales, una de las propuestas en las que más ha insistido CASALCO. Dentro del consejo consultivo, los intereses preferenciales han evolucionado hacia una propuesta de inclusión habitacional. El propósito es que las familias puedan recibir financiamiento en condiciones favorables para que compren vivienda. Menéndez explicó que en Panamá los intereses preferenciales han tenido éxito.

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