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Hacienda defiende presupuesto 2017 ante la CSJ

El ministro del ramo, Carlos Cáceres, reconoció que no se incluyó dinero para el pago de la deuda con los fondos de pensión, pero mantiene el discurso de que este dinero se sacaría del FOP.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudia una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Presupuesto General del Estado para 2017. El demandante, el abogado Salvador Enrique Anaya, sostiene que se omitió incluir $430 millones en dicho presupuesto, dinero que se necesitará durante este año para pagar la deuda del Gobierno con los fondos de pensión, para las pensiones de los jubilados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), la devolución del IVA a exportadores y la devolución de renta a contribuyentes.

Como parte del proceso, la sala envió un cuestionario al titular de Hacienda, Carlos Cáceres, en el que le pedía aclarar los principales puntos de la demanda. Cáceres envió sus respuestas este lunes 12 de junio, y en estas mantuvo los argumentos que ha dado en declaraciones públicas para defender el diseño del presupuesto.

El diseño del presupuesto ha sido criticado desde hace años por entidades como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Las principales críticas son que los presupuestos se aprueban incompletos y desbalanceados, que se basan en proyecciones de crecimiento y de recaudación poco realistas, que llevan a que el cálculo de ingresos termine siendo menor al real.

Además, estas entidades han señalado que se omiten gastos que el fisco sabe se deberán hacer durante el año para equilibrar de manera artificial el presupuesto. Esto lleva a que durante el año se pidan refuerzos a la Asamblea Legislativa, así como la aprobación de endeudamiento adicional a través de la emisión de bonos en los mercados internacionales.

Este año, por ejemplo, se aprobó un presupuesto que incluye una partida de $1,000 para el pago de la deuda de pensiones, que en principio requeriría $230 millones, y una de $100 para el pago del subsidio a la energía, cuyo costo rondará los $50 millones.

El tema del diseño presupuestario y su relación con la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas tomó relevancia porque en abril pasado el Gobierno dejó de pagar $55 millones a los fondos de pensión. Hacienda había pedido que se aprobaran $282 millones en bonos para cubrir estos pagos, pero la oposición en la Asamblea Legislativa se negó a dar sus votos, y argumentaron que se había señalado que estos fondos debieron incluirse en el presupuesto para 2017.

Después de este retraso, las calificadoras de riesgo bajaron la nota de El Salvador y lo colocaron en CCC, que cataloga al país como un emisor de deuda de alto riesgo. De hecho, la Sala de lo Constitucional admitió las demandas en contra del presupuesto el mismo día en que el Ejecutivo se declaró en impago con los fondos de pensiones.

Las respuestas

El documento presentado por Cáceres a la sala, al que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso, inicia con un “preámbulo” en el que el funcionario detalla las condiciones macroeconómicas del país y las fuentes de financiamiento a las que se echa mano para hacer funcionar el aparato público.

Luego, responde el cuestionario de los magistrados (ver detalle en recuadro). En primer lugar, se le pregunta si se omitieron partidas en el presupuesto 2017. Hacienda contesta que no se incluyó dinero para el Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público, la partida presupuestaria de pago de pensiones del IPSFA y que para el subsidio de la energía se abrió una partida con solo $100.

Cáceres volvió a argumentar que esperaba que el dinero para pensiones saliera del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.

En segundo lugar, los magistrados preguntan si, en efecto, se proyectan ingresos mayores a los que realmente se recibirán, a lo que Hacienda contesta que no, y que las cifras incluidas en el presupuesto van en consonancia con los indicadores del país y al comportamiento histórico de los ingresos.

Un tercer cuestionamiento es si se ha cubierto gasto corriente con deuda flotante, las denominadas Letras del Tesoro, cuya emisión sin pasar por la aprobación por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa es también objeto de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Daniel Olmedo.

Cáceres responde que las LETES se usan solo para remediar deficiencias temporales de ingresos, que luego se pagan con ingresos del mismo ejercicio.

A la cuarta pregunta, sobre los planes de endeudamiento, Hacienda reconoce que estos no se incluyeron en el presupuesto, y que ha solicitado la emisión de $282 millones en bonos para cubrir el pago a los fondos de pensión, y a los jubilados del IPSFA.

Finalmente, el titular de Hacienda admite que el presupuesto de 2017 incluye un aumento de $49.3 millones en remuneraciones, y uno de $35.7 millones en inversión pública, específicamente en infraestructura, pero que en bienes y servicios se redujo en $71.7 millones.
 

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