Hacienda negocia un ajuste fiscal del 4 % con el Fondo Monetario

Esta medida implicaría unos $985.5 millones para un período de tres años y estaría dividido en un 1.6 % en el lado del ingreso tributario y 2.4 % de recorte del gasto corriente del Gobierno.

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En pláticas. Las autoridades del FMI y el Gobierno sostienen de momento varias reuniones virtuales para avanzar en la negociación.

En pláticas. Las autoridades del FMI y el Gobierno sostienen de momento varias reuniones virtuales para avanzar en la negociación.

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El Ministerio de Hacienda está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un ajuste fiscal equivalente a 4 % del producto interno bruto (PIB) en el marco de alcanzar el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con esa entidad por $1,300 millones.

El titular de esta cartera de Estado, Alejandro Zelaya, dijo el jueves en una entrevista televisiva que las pláticas con el FMI continúan en marcha y hay concordancia en el nivel del ajuste fiscal a realizar.

"Estamos siendo responsables con los compromisos que vamos a asumir y nos solicitan que hagamos un ajuste fiscal por el orden del 4 % para un período de tres años, que estaría dividido en un 1.6 % en el lado del ingreso y 2.4 % de ajuste por el gasto. Eso estaríamos buscando", detalló el funcionario.

Un ajuste fiscal es una política que busca traer equilibrio a las cuentas de un Estado cuando el desfase entre lo que gasta y el dinero que ingresa afecta la estabilidad de las finanzas públicas.

Si se toma como base que en 2020 el PIB salvadoreño fue de $24,638 millones, por tanto, un ajuste del 4 % equivale a $985.5 millones. De estos, según lo que dijo Zelaya, $394 millones se obtendrán vía ingresos tributarios y la mayor parte ($591.3 millones) serán de recorte del gasto corriente del Gobierno.

Mayor al inicial

Cabe destacar que cuando se obtuvo un financiamiento del FMI por $389 millones en abril de 2020, el Ministerio de Hacienda se comprometió ante el multilateral a realizar un ajuste fiscal gradual de "al menos 3 %" del PIB.

Sin embargo, varios analistas anticiparon a LA PRENSA GRÁFICA en marzo de este año que haber postergado durante muchos años un ajuste fiscal tendría como resultado que este deberá ser mayor al estimado.

Al respecto, Zelaya reconoció que para obtener los $1,300 millones del SAF para cubrir el déficit presupuestario de los próximos tres años "es necesario un ajuste fiscal" y que las finanzas públicas de El Salvador "han tenido esa necesidad desde hace mucho tiempo".

Sobre cómo planean incrementar los ingresos, el funcionario aseguró que no se va a subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pues el horizonte de la política tributaria es progresiva, es decir, la persona que tiene más capacidad de pago que contribuya más al Estado.

Explicó que se logrará combatiendo la evasión, implementando la factura electrónica y reactivando la contribución a la seguridad ciudadana (de 5 % para la telefonía que venció en noviembre pasado, pero solo a los grandes contribuyentes (que ganan arriba de $500,000 en utilidad al año).

Además, dijo que se está valorando "operaciones en Aduanas que pueden ser sujetas de retenciones en fuente y la implementación del capítulo de precios de transferencia".

Sobre cuándo se firmará el SAF, el titular de Hacienda dijo que "no se sabe cuanto tiempo puede durar la negociación y aprobación", pero esperan suscribirlo "a la brevedad posible".

Por su parte, el vocero del FMI, Gerry Rice, comentó al banco de inversión BancTrust & Co. que actualmente se encuentran realizando una misión virtual en el país en el marco de las negociaciones.

Sobre este tema, varios tanques de pensamiento económico como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (Colproce), la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), entre otras, emitieron un comunicado en conjunto, donde señalan la necesidad que el Gobierno salvadoreño se comprometa a transparentar las negociaciones del SAF.

Las organizaciones temen un "corte regresivo y contractivo" que podría implicar el aumento de tributos al consumo y el recorte de subsidios, las asignaciones y transferencias a las municipalidades, entre otras.

"Esas medidas tendrían un impacto negativo en la mayoría de la población, aumentarían las desigualdades sociales y elevarían los niveles de pobreza", reza la nota.

Proponen una reforma integral y reducción de gastos superfluos, además de aprobar el impuesto al patrimonio y una gestión pública basada en resultados y una mayor trasparencia fiscal.

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