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ICEFI critica poca transparencia en presupuesto 2018

La entidad lamentó la “continuada cultura política de opacidad” y la reducción de presupuesto en sectores estratégicos, como educación, salud e infraestructura pública en el proyecto aprobado.
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ICEFI critica poca transparencia en presupuesto 2018

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La falta de transparencia en el proceso presupuestario y el recorte en áreas que deberían ser prioritarias, como salud, educación e infraestructura pública, son las dos principales críticas que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) hizo tras analizar el presupuesto del Estado salvadoreño aprobado para 2018.

El ICEFI “ha señalado tanto una continuada cultura política de opacidad como la marcada reducción de presupuesto en sectores estratégicos”, indicó la entidad. Además hizo un llamado a la Asamblea Legislativa y a las autoridades gubernamentales a abandonar “esta cultura política y crear mecanismos que permitan la apertura, inclusión y transparencia en el debate fiscal”.

El ICEFI dijo que es importante que los partidos políticos hayan logrado un acuerdo con respecto al presupuesto para 2018, pero lamentó que las discusiones hayan continuado siendo a puerta cerrada y no bajo el escrutinio público, en el seno de la comisión de hacienda y especial del presupuesto. “Esta forma opaca de atender la discusión del presupuesto público le resta legitimidad a la política fiscal y genera desconfianza a la ciudadanía”.

En cuento al análisis cuantitativo del presupuesto, el ICEFI destacó que en el presupuesto aprobado hay un aumento en los ingresos por $151 millones con respecto al proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, de los cuales $65 millones corresponden a transferencias que el gobierno central recibirá provenientes de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEPA). Los restantes $86 millones se deben al incremento en la recaudación con el cual la carga tributaria alcanzaría en 2018 el 15.8 % ($4,636.5 millones), del Producto Interno Bruto (PIB), igual a lo estimado para 2017.

“Alcanzar la meta dependerá, entre otros aspectos, del buen desempeño de la administración tributaria, en particular, en lo que respecta a planes de fiscalización que permitan reducir la evasión del ISR y del IVA, especialmente cuando la productividad del segundo ha estado disminuyendo en los últimos años”, agregó.

Por el lado del gasto, el presupuesto aprobado, con respecto al proyecto de presupuesto presentado, contiene recortes a la Corte Suprema de Justicia por un monto de $6.9 millones, y al Ministerio de Hacienda por $99.1 millones. De lo recortado, $40 millones eran para la devolución del Impuesto Sobre la Renta y del IVA a los exportadores, lo que provocará una subestimación de estas partidas, advirtió el instituto.

Otros $53 millones reducidos corresponden al pago de pensiones a realizarse por medio del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). “Esta modificación incrementará la opacidad de estos pagos”, dijo el ICEFI.

En términos del gasto total, el presupuesto de egresos aprobado para 2018 representará el 18.6 % del PIB ($5,467.5 millones).

 

Puntos débiles 

El presupuesto del Estado, herramienta de política fiscal por excelencia, tiene varios puntos débiles. 

Discusiones no públicas
Las negociaciones previas a la aprobación del presupuesto se dieron a puerta cerrada, y no en la comisión respectiva dentro de la Asamblea Legislativa. La transparencia es una de las grandes deudas del proceso.

Inversión social
La reducción de las partidas para salud, educación e infraestructura restringe el potencial de desarrollo económico y social del país y mina la capacidad del Estado para dar servicios de calidad a la población más pobre.

Reducción artificial
El Estado salvadoreño mantiene un enfoque de austeridad fiscal para mantener la trayectoria descendente del déficit fiscal. En ese sentido, el déficit fiscal en 2018 rondará el 2.1 % del PIB, menor al 2.7 % de 2017. 

Estrategia insostenible
El ICEFI advierte que la contención del gasto es insostenible en el mediano y largo plazo, pues sacrifica la producción de bienes y servicios públicos que promueven el bienestar social y el crecimiento económico.

Dinero para las ONG
El ICEFI también cuestiona las asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa, especialmente en educación y salud, para ONG y entidades privadas, sin hacer públicos los criterios para otorgar estas transferencias.

 

3.2%
 del PIB es lo asignado para la ejecución de proyectos de educación dentro del presupuesto para 2018. 
2.1%
 del PIB es la asignación en el presupuesto para 2018 para ejecutar proyectos del ramo de salud.

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