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ICP respalda propuesta de partidos para las pensiones

El grupo integrado por FUSADES, ANEP, ASAFONDOS y COMTRADEFOP asegura que la propuesta es “sostenible” y que “respeta el ahorro de los trabajadores”.
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La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) avaló ayer el proyecto de reforma de pensiones que presentaron esta semana los partidos políticos PCN, PDC, ARENA y GANA, tras evaluarla y considerar que la propuesta da una solución a las necesidades de financiamiento en el corto plazo, es “sostenible” en el mediano y largo plazo, y respeta la propiedad de las cuentas individuales de los afiliados al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP).

“Cualquier reforma que sea aprobada debe respetar la propiedad privada de los ahorros de los trabajadores. Esto para nosotros es fundamental y vemos con satisfacción que este componente incluido en la propuesta de la ICP está también incluido en la propuesta integradora”, indicó Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), una de las organizaciones que integran la ICP, junto con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ASAFONDOS –la gremial de las AFP– y COMTRADEFOP, que reúne a federaciones de trabajadores.

Esta semana los partidos políticos –excepto el FMLN– presentaron un proyecto de reforma de pensiones en la cual proponen la creación de una cuenta para la pensión mínima, que se constituirá con un fondo de $400 millones, y en la que se aumentarían del 13 % al 15 % las cotizaciones actuales. El proyecto integra varias de las iniciativas presentadas por diferentes sectores, incluyendo la de la ICP.

René Novellino, presidente de ASAFONDOS, calificó el proyecto como “razonable y sostenible”; sin embargo, señaló que hay algunas diferencias. Una de estas es cómo se aborda la reestructuración de la deuda acumulada por la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP), un mecanismo aprobado en 2006 para pagar las pensiones del sistema de reparto conformado por el ISSS y el INPEP.

La propuesta de la ICP es que la tasa de interés de las inversiones anteriores en CIP, que en la actualidad es de 2.5 %, suba a un 4 % desde el primer día en que la reforma entre en vigor. La propuesta partidaria o “integradora” es que la tasa se vaya subiendo de manera gradual hasta llegar a un 4.5 %. “Hicimos un ejercicio de medición de impactos y encontramos que si bien hay un sacrificio en el corto plazo porque se reciben menos intereses en el período de la gradualidad, eso se mira compensado por el hecho de que la tasa de interés en el largo plazo es más alta para el trabajador”, explicó Novellino.

Sobre las futuras emisiones de CIP (papeles que por ley deben comprar las AFP con los ahorros de los trabajadores para su pensión), la ICP propone que el Gobierno pague una tasa de mercado, mientras que la reforma integradora propone que se pague un interés del 6 %. “Sugeriríamos que se revisara”, invitó Novellino.

Sobre la edad de retiro, los partidos proponen que esta se revise cada año a razón de un año más según aumente la expectativa de vida. Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, resaltó que la propuesta “integradora” mantiene los beneficios fiscales por alrededor del 0.6 % del PIB como en la propuesta de la ICP.

En octubre próximo el Gobierno debe cancelar $91 millones en capital e intereses por CIP emitidos en años anteriores. Esta cantidad no fue incluida en el presupuesto. Los pagos comienzan a vencerse a partir del 9 de octubre. Además, deberá erogar entre $15 millones y $20 millones para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP debido a que una de las AFP alcanzará el límite de 45 % para la compra de CIP.

Ante este panorama, la ICP urgió a analizar las propuestas y tomar una decisión “idealmente de consenso”. Novellino subrayó que dentro de las reformas se plantean alternativas de solución para estos dos casos, ya que dan un alivio fiscal al Ejecutivo al cambiar las condiciones de inversión actuales por un nuevo esquema.

Por otra parte, Simán afirmó que la propuesta del Gobierno “es inconstitucional porque confiscaría los ahorros de los trabajadores”, y agregó que en la discusión se tienen que reconocer las virtudes de cada propuesta, por lo que esperan la misma postura del Ejecutivo.

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