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Insisten ante AL por pagos incompletos de VECA

Exempleados acudieron de nuevo al parlamento. Representante de aerolínea advierte que de congelarse cuentas se entorpecería los pagos.
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Un grupo de extrabajadores de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) acudió ayer de nuevo a la Asamblea Legislativa en busca de respaldo para lograr que la empresa les pague de forma completa sus indemnizaciones. Los exempleados han denunciado que la empresa, que fue financiada por ALBA Petróleos, solo busca cancelar una parte del monto adeudado.

Durante su visita, los exempleados fueron recibidos por la diputada de ARENA Alejandrina Castro, quien preside la comisión de trabajo e intentaron, sin éxito, hablar con un legislador del FMLN, pero solo fueron atendidos por un asesor. Por la tarde, abordaron a la diputada Lorena Peña, quien les dijo que intentaría ayudar, pero no se comprometió a nada, según dijeron.

El grupo afirmó ayer que el pago de indemnizaciones a los extrabajadores de VECA se realiza de manera “irregular”, puesto que los fondos provienen de la cuenta de una persona natural y no de la empresa; y añadió que a muchos no se les está ofreciendo todo lo que la ley establece, razón por la que cuestionaron la actuación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB).

Según relataron, los exempleados que ya fueron indemnizados, ya sea de forma total o parcial, recibieron un cheque de una cuenta a nombre de Tamara Argentina Mejía Reyes, algo que ha levantado sospecha. El grupo que ayer visitó el parlamento acusó a José Luis Merino, actual viceministro para la Inversión y asesor del conglomerado de empresas ALBA, y a su hermano Sigfredo Merino, de haber girado instrucciones a Manuel Durán, directivo de la empresa, Leonel Búcaro, actual gerente y a Mejía de traspasar fondos a las cuentas de esta última.

Ante el señalamiento, el abogado de VECA, Ricardo Roque, señaló que Mejía era la subgerente y que ha sido designada como “pagadora”. Además explicó que se está usando una cuenta a su nombre porque de usar una de la aerolínea se corre el riesgo de que uno de los proveedores, a los que se les debe dinero, levante una demanda y que se embarguen o congelen las cuentas, lo que entorpecería el proceso de pago a los exempleados, una prioridad para la compañía, según aseguró.

El abogado dijo que analizan poner una demanda por injuria o difamación a una de las personas que levantó la acusación, por divulgar “mala información” a través de Twitter. Los extrabajadores informaron que las cuentas de VECA habían sido embargadas debido a que la empresa INTERDECA demandó el pago de alquiler del edificio donde funcionan las oficinas administrativas, algo que Roque desmintió, explicando que se ha llegado a un acuerdo para seguir pagando el alquiler, pero a una cuota reducida, que volverá a la normalidad cuando la aerolínea retome su operación.

El abogado confirmó que hay una medida cautelar sobre una cuenta bancaria de la empresa, puesto que ya hay un caso de un exempleado en un juzgado laboral. Roque agregó que este caso se diferencia del resto porque la persona inició el proceso antes, aunque a la fecha aún no hay ninguna sentencia emitida.

Liquidación incompleta

VECA despidió a sus trabajadores el 16 de enero de este año tras un cese, supuestamente temporal, de operaciones por falta de recursos; desde entonces las personas que laboraban ahí han acudido a la Fiscalía General de la República (FGR), al MINTRAB y a la Asamblea Legislativa. Tras una serie de medidas de presión, hubo una negociación en la que intervino la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Aunque la aerolínea cumplió con el pago de salarios que debía, así como las cotizaciones laborales; las indemnizaciones no están siendo pagadas en su totalidad, según denunciaron los exempleados, sino que se ofrece nada más un porcentaje.

Los extrabajadores dijeron que VECA nunca reportó ganancias que cubrieran sus costos, pero las transferencias de dinero de ALBA permitían los pagos, con lo cual el aprieto financiero que llevó a la aerolínea a “reestructurarse” no debería ser una excusa para incumplir los pagos. La diputada Castro afirmó que las liquidaciones no se deben negociar, puesto que los derechos laborales son irrenunciables y cuestionó que el MINTRAB no ha tomado un rol activo en el asunto. De hecho, los exempleados se quejaron de que la institución se limitó a prestar el salón para las mediaciones.

Roque, aseguró que mientras pagos como la indemnización y vacaciones constituyen derechos irrenunciables, los montos sí se pueden negociar y que esto es una práctica común que realizan las empresas cuando terminan las relaciones laborales con una persona.

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