Inversión de AFP se concentra en papeles estatales

Un 85 % de títulos en que se invierten fondos de pensiones son de entidades públicas. Trabajadores piden acatar fallo.
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Los ahorros para las pensiones de los trabajadores afiliados al sistema privado se concentran en los títulos que emite el Gobierno. A diciembre de 2014, los papeles colocados por entidades públicas representaron un 85 % del total de inversiones que realizaron las AFP con los fondos de pensiones, según publicó la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Solo los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que emite el Gobierno para pagar las pensiones del antiguo sistema de pensiones, junto con los certificados de traspaso suman 56.3 %.

Los títulos de Tesorería de Ministerio de Hacienda, que sirven para respaldar gasto corriente, alcanzan un 19.7 %. El resto se divide entre colocaciones de bancos estatales, certificados de reestructuración de deudas de las municipalidades y títulos del INPEP e ISSS, entre otros. La ley obliga a las AFP a invertir en los CIP.

El patrimonio que los fondos de pensiones han acumulado desde 1998 alcanzó a noviembre de 2014 los $8,030 millones, de acuerdo con los datos de la SSF. De esa cantidad, $6,413 millones estaban invertidos en instrumentos de instituciones públicas.

Desde hace varios años la discusión sobre la rentabilidad de los fondos de los trabajadores se centra en la necesidad de diversificar las opciones de inversión para que las cuentas individuales de ahorro crezcan y así garantizar el pago de mejores pensiones en el futuro.

A finales de diciembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que es la que rige la compra de los CIP. Enrique Anaya, abogado del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (COMTRADEFOP), grupo que promovió la inconstitucionalidad, explicó que al declararse inconstitucional la tasa de interés que se pagaba por la compra de los CIP (cerca del 1 %) ya no pueden “emitirse certificados sin que exista una tasa”.

Sin embargo, el Gobierno ya colocó $111 millones en enero. El comité presentó hace unas semanas una propuesta de reforma a la ley, pero debido a que la Asamblea Legislativa no se ha pronunciado, el grupo de trabajadores pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue la “legalidad” de la actuación del Ejecutivo al efectuar la colocación de CIP al margen de una reforma, comentó Miguel Ramírez, miembro del Comité.

“Hay una sentencia que manda a la Asamblea a legislar y como no han legislado han violentado la disposición de la corte. Esperamos que la Asamblea se pronuncie”, agregó Ramírez sobre las colocaciones de CIP.

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