La deuda del Gobierno presiona cada vez más a la economía

Desde la crisis mundial, la deuda del Gobierno se ha duplicado. Los centros de investigación advierten que este nivel de compromiso puede afectar otras actividades como el gasto social.
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Las deudas del Gobierno, nuevas y viejas, son una carga cada vez más pesada en la economía del país. Los datos oficiales muestran que el gobierno central, las empresas públicas y los bancos estatales acumularon $17,558 millones en deudas el año pasado.

Esto se puede comparar con las dos terceras partes de la riqueza disponible en el país o con cuatro años de remesas familiares. Es decir, al terminar 2016 la deuda pública total era equivalente a un 65 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta información se obtiene al hacer las cuentas con los datos que publican el Ministerio de Hacienda (MH) y el Banco Central de Reserva (BCR).

Vale la pena recordar que cada dólar que pide prestado el Gobierno lo pagan todos los ciudadanos a través de los impuestos. No importa si es necesario tardarse tres meses, 20 años o 100 para cumplir ese compromiso (vea los gráficos).

Un 65 % del PIB significa que por cada $1 que logre producir la actividad económica nacional, $0.65 tendrán que reservarse para pagar la deuda. Es muy poco probable que la cantidad baje durante los próximos años, porque todavía no hay un acuerdo entre el Gobierno y los partidos políticos para corregir los errores históricos en el manejo del dinero público y que obligan a endeudarse sin parar.

“Si no hay acuerdos entre ARENA y el Gobierno, no se podrá emitir más deuda de largo plazo. Ni se realizará el ajuste fiscal necesario para darle sostenibilidad a las finanzas publicas”, advirtió Mauricio Choussy, analista. Para pedir prestado con bonos, por ejemplo, es obligación que los diputados lo aprueben; para los préstamos destinados al desarrollo es la misma situación.

Centros de investigación, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), advierten en sus informes que esta tendencia en la deuda impide que el Estado tenga más recursos accesibles para las necesidades sociales o el crecimiento sostenido.

En su informe de diciembre 2016, el ICEFI mostró cómo el Gobierno salvadoreño ha ocupado sus ingresos propios en pagar las cuotas de la deuda pública. “No obstante, esto ha restringido la ejecución de otras responsabilidades, como la transferencia de fondos a las municipalidades (FODES) y el pago por concepto de subsidios a la energía eléctrica y el gas licuado a las empresas que brindaron estos servicios a la ciudadanía”, indicó el ICEFI.

Sin un cambio, el instituto centroamericano considera que el Gobierno salvadoreño puede comenzar a descuidar otras actividades necesarias. “Otro elemento de riesgo es la decisión de reducir las compras de bienes y servicios para mantenimiento del equipo, instalaciones y activos públicos, lo que conducirá en el corto plazo a un fuerte deterioro del servicio de estos bienes”, se lee en el informe.

La deuda pública total ha incrementado en $3,065.08 millones desde 2012. Si se compara con el año anterior a la crisis mundial, de 2007, el incremento es de $8,905.43 millones. Dicho de otra manera: en los últimos nueve años la deuda del Estado salvadoreño se ha duplicado.

De esos $17,558 millones que consignó el BCR el GOES es responsable por $11,861 millones. Aquí van incluidos los compromisos con inversionistas, que tienen en su poder más de la mitad de esta deuda. También está el dinero que prestan los organismos especializados y los países amigos.

Hay otro compromiso que ha crecido con rapidez y es la deuda de las pensiones o previsional.

Hacienda no tiene dinero suficiente para darle las pensiones a todos los jubilados y a las personas que dejan de trabajar por lesiones o enfermedad. Son más de $400 millones al año como promedio. Así, la deuda que originan las pensiones pasó de $1,407.3 millones en 2010 a $4,015.9 millones en 2016, según el MH. Es como decir que aumentó 185 % en cinco años, casi tres veces la cantidad original. Dentro de poco la deuda de pensiones será muy parecida al Presupuesto General de la Nación.

Incluso este dato de 2016 está incompleto, porque no incluye un pequeño porcentaje del dinero que presta el fisco para este mismo fin. Los contribuyentes actuales, sus hijos y sus nietos necesitarán 100 años para terminar de pagar la deuda de pensiones, según el diagnóstico que presentó el Gobierno en 2015.

El ICEFI, las calificadoras internacionales de riesgo y Choussy han insistido en que sin diálogo la fragilidad en las finanzas del Estado salvadoreño no se resolverá. Para Choussy, por ejemplo, una renegociación seria del presupuesto aprobado puede ser buena señal. “ARENA debe regresar a la negociación si el Gobierno y el FMLN dan una muestra de que están dispuestos a cumplir lo acordado”, manifestó.

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