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Ley de Agua no avanza por polémica en permisos de uso

ARENA busca crear un ente regulador estatal con participación multisectorial, mientras que el FMLN se niega a que se incluya al sector privado.
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Las competencias que tendría el ente regulador del agua, encargado de dar los permisos para su uso, es el principal punto muerto para la aprobación de una ley del recurso que se discute en la Asamblea Legislativa. Por un lado, la propuesta de Ley General de Aguas que presentó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y que apoya el FMLN, contempla la creación de un Consejo Nacional de Agua (CONAGUA) en el artículo 10, pero otorga las competencias de regulación al MARN.

No obstante, en la legislatura pasada, el artículo 10 se modificó para contemplar la creación de una institución autónoma, lo que el diputado Guillermo Mata, del FMLN, considera “un pecado original”, por lo que se debe revisar el anteproyecto pues en el artículo 13 se contempla una institución estatal.

Por otra parte, la propuesta de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, presentada por la Asociación de Regantes, en 2013, con apoyo de ARENA, propone otorgar la función de dar permisos de uso del agua a una institución autónoma cuya junta directiva tenga una participación de los ministerios relacionados con el tema, universidades, juntas de agua, sociedad civil y el sector productivo.

Según Mata, se puede contemplar una autónoma pero sin participación privada o con una participación mínima, si no, se estaría privatizando el agua, opinó. Además, indicó que de haber un representante en la junta directiva, este no debe ser de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), pues, según él, la gremial de gremiales no representa a todo el sector productivo.

Johnny Wright Sol, diputado de ARENA, aclaró que su partido no tiene intención de privatizar el recurso. Sostiene que el agua no es privatizable en El Salvador porque lo prohíbe la Constitución.

Wright Sol comentó que incluir a la sociedad civil y a las empresas “no tiene que ver con defender los intereses de un sector en particular, sino que, a través de la diversidad y de un cuerpo profesional, lograr los mejores acuerdos a la hora de resolución de conflictos”.

Agregó que los representantes del sector privado no deben ser empresarios pues eso significaría un conflicto de interés. Asimismo, que los representantes deben ser especialistas en la materia.

Según Luis Felipe Trigueros, de la Asociación de Regantes, que el MARN concentre todo el poder podría volverse peligroso pues se podría utilizar como arma política, ya que se podría negar permisos de siembra y con eso las tierras perderían valor “y la ley prácticamente se vuelve confiscatoria”.

Wright Sol agregó que concentrar tanto poder en un solo ente podría prestarse a situaciones de arbitrariedad. Además, explicó que el agua necesita un enfoque integral. Es decir, además de regular el uso, garantizar el cuido de las cuencas y establecer mecanismos que velen por la gestión adecuada de la provisión de agua potable y saneamiento a la población.

El diputado Francis Zablah dijo que una institución autónoma no deja de ser pública por tener representantes del sector privado en su junta directiva.

Por su parte, Lina Pohl, titular de MARN, explicó que la institución cuenta con las capacidades técnicas por lo que debería fungir como regulador, pero que son los partidos los que deben dialogar para retomar las propuestas que hay.

El economista de recursos naturales y experto en políticas ambientales Leopoldo Dimas manifestó que el punto ha traído bastante desgaste político a la discusión.

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