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MH: la reforma de pensiones tendrá que revisarse en 10 años

Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, dijo que será inevitable porque no se quiso incluir en la discusión cambios paramétricos, como el aumento de la edad.

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Pendiente. Varias propuestas hay en análisis para una reforma de pensiones. En la actualidad coexisten el sistema público y el privado en el país.

Pendiente. Varias propuestas hay en análisis para una reforma de pensiones. En la actualidad coexisten el sistema público y el privado en el país.

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La reforma de pensiones que negocian los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, independientemente de su redacción final, tendrá que ser revisada entre 2027 y 2030, vaticinó ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ya que esta requiere de ajustes que no se han querido abordar en la actual discusión, según el funcionario.

Diputados no alcanzaron acuerdo en reforma de pensiones

“Aun cualquier cosa que se tome, va a haber necesidad de hacer una revisión, yo diría que entre 2027 y 2030 tiene que haber una revisión y un ajuste de parámetros porque, por ejemplo, la edad no se mueve porque políticamente es imposible moverla, nadie la quiere, pero la edad es una necesidad de acuerdo a lo que realmente sucede con la esperanza de vida de la población”, comentó Cáceres ayer durante la entrevista matutina de Canal 33. De acuerdo con el funcionario, con el aumento de la esperanza de vida, los sistemas de pensiones deben financiar entre 22 y 23 años de retiro para los hombres y 30 años para las mujeres.

Como ha dicho en las últimas semanas, el ministro de Hacienda considera que está cerca de llegarse a un acuerdo para la reforma. “El acuerdo fundamental que se requiere es que no se lleven el dinero de los trabajadores”, aseguró. La discusión se ha centrado en cómo se va a distribuir la cotización que aportan para su jubilación los trabajadores. El Gobierno propone un fondo colectivo que se alimente con un 8 % de la cotización del trabajador. El dinero junto con aportes del presupuesto que haría el Estado servirían para pagar el costo de la transición entre el antiguo sistema y el nuevo.

Partidos y Gobierno siguen definiendo reforma de pensiones

La propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) es que se forme la Reserva para la Pensión Vitalicia (RPV) para pagar la pensión de los “optados”, es decir, aquellos que cotizaron en ambos sistemas y de los cotizantes en el actual sistema para cuando se les termine su ahorro individual. Este fondo se constituiría con un 5 % de las cotizaciones.

Cáceres adelantó que en el proyecto de presupuesto para 2018 solo falta agregar los montos correspondientes al pago de pensiones, dependiendo de si se llega a un acuerdo sobre la reforma esta semana. “El tiempo se ha agotado, si no hay acuerdo, hay impago”, dijo sobre las negociaciones el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ayer. El funcionario expresó que de no llegarse a un acuerdo sobre la reforma de pensiones, el Presupuesto General de la Nación 2018 tendrá que ser aprobado con mayoría calificada debido a que incluiría préstamos.

Consideraciones

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señaló la importancia del presupuesto 2018, pues tendrá que cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional, así como incluir una declaración jurada del Ministerio de Hacienda de fiel cumplimiento al artículo 227 de la Constitución, “que indica que el presupuesto debe incluir todos los ingresos que se espera recibir de acuerdo con las leyes vigentes, y todos los gastos que se considere convenientes para realizar los fines del Estado”, esto de acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que data de finales de 2016.

FUSADES agregó que el Estado tendrá que apegarse a lo que dice el artículo antes mencionado sobre la deuda flotante, que solo debe ser para remediar deficiencias temporales. La institución recordó que “si el ministro incumple con estas obligaciones, podrá ser interpelado, y dependiendo del resultado, puede dar lugar a un recomendable al presidente de la república para que destituya al funcionario”.

De acuerdo con el tanque de pensamiento, en el pasado se han dado problemas por cómo el Gobierno planifica. Como la sobrestimación de ingresos, que lleva a que se le asignen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las municipalidades (a través del FODES) más recursos de los que les corresponde y luego no hay suficientes para cubrir ese exceso.

FUSADES explicó que la cifra estimada de ingresos corrientes para 2018 es de $4,489.9 millones; a partir de este monto, lo asignado a la CSJ y al FODES estaría alrededor de $269.4 millones y $352.5 millones, respectivamente. La institución señaló que para el otro año también se debe tomar en cuenta el costo previsional, que se estima en $297 millones, más $57.9 millones de las pensiones del IPFSA.

“No se puede continuar en una situación de sobrevivencia y reacción apostando a ingresos adicionales que puedan surgir durante el año para cumplir con los compromisos financieros y poder lograr un acuerdo; con una baja calificación crediticia y un riesgo país elevado, esto es insostenible”, señalaron.

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