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MINTRAB aún no acuerpa ajuste a salario mínimo

La OIT enviará una misión al país porque el Gobierno sigue irrespetando la autonomía y representatividad de los sectores.
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Sandra Guevara, titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), se pronunció en contra del acuerdo de ajuste para el salario mínimo al que llegaron los sectores el pasado 1.º de junio porque lo considera muy bajo; sin embargo, aclaró que aún no lo ha rechazado formalmente.

El Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) acordó, tras una negociación complicada, incrementar 14.1 % a los trabajadores del comercio y 15.8 % al resto, con excepción de aquellos que laboran en los ingenios de azúcar, cuyo aumento sería de 129.8 %. Los ajustes se harían de forma gradual durante tres años, finalizando en 2018.

Guevara, quien había estado fuera del país respondiendo por un delicado caso de violación a un convenio laboral, consideró que el aumento aprobado es “paupérrimo” y que no responde a las condiciones que establece el Código de Trabajo, es decir, estar fundamentado en el costo de la vida.

La titular agregó que es ella, y no el presidente de la República, quien tiene potestad de rechazar el acuerdo, es decir, devolver con observaciones el decreto elaborado por el CNSM. Dicho decreto aún no ha llegado a sus manos para analizarlo, según aseguró, por lo que aclaró que no lo ha rechazado.

De hecho, el Código de Trabajo establece que es el “Órgano Ejecutivo, en su rama de trabajo y previsión social”, el que puede observar el decreto; con base en eso, el CNSM puede “hacer las modificaciones que considere pertinentes”.

Guevara señaló que la negociación no había concluido y reiteró que el Ejecutivo mantiene la propuesta de ajustar el salario mínimo de forma inmediata a $300 en la zona urbana y a $250 en el área rural.

Dicha propuesta ha sido calificada como inviable por el sector empresarial, que considera que un alza tan acelerada no se podrá soportar, sobre todo en las pequeñas empresas.

Por su parte, representantes de los trabajadores han dicho que apoyaron la propuesta del sector privado porque temen que un alza muy acelerada ocasione que las empresas dejen de contratar personal y lleguen a tener que despedir empleados.

Guevara también dijo que los representantes del sector laboral sí son legales, a pesar de que su período se ha vencido, ya que no se han hecho nuevas elecciones. Dichos representantes han sido cuestionados por manifestantes.

Violaciones laborales

El año pasado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó que el Gobierno estaba en violación grave del Convenio 87 sobre representación laboral, puesto que el Ministerio de Trabajo cambió el mecanismo de elección de representantes del sector laboral, lo que ha hecho imposible que se conforme el Consejo Superior del Trabajo (CST).

En ese entonces, la OIT pidió a Guevara abstenerse de pedir el consenso entre los trabajadores y respetar su autonomía, reactivar el CST y revisar 19 reformas que hizo Mauricio Funes en las leyes para definir representantes del sector privado en las autónomas.

La semana pasada Guevara se presentó ante la OIT para explicar en qué se había avanzado. La OIT determinó que no se ha resuelto la situación y pidió de nuevo que se solucionaran los problemas.

La Comisión de Aplicación de Normas del órgano urgió al Gobierno que “asegure adecuadamente la protección de los locales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), organización más representativa de los empleadores en el país”.

El informe también señala que “ante la falta de acción por parte del Gobierno para dar cumplimiento efectivo en la ley y en la práctica a las disposiciones del convenio, la comisión solicitó que se envíe una misión de contactos directos para El Salvador”.

Guevara se negó a hablar sobre el tema y alegó que hasta la próxima semana se pronunciarán al respecto.

No obstante, la ministra insistió en que el país ha hecho los pagos correspondientes a la OIT y explicó que el procedimiento no le corresponde al MINTRAB, sino a cancillería y a Hacienda, y que el país sí puede votar.

Empero, un documento de la OIT clasifica al país entre aquellos que no han efectuado ningún pago y no pueden votar, pero se le ha otorgado crédito.

Dicho documento tiene sus datos actualizados hasta el 31 de marzo de 2016.

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