Malestar por asignación de nuevos espacios de comercio en el aeropuerto

Máxima autoridad de la autónoma aprobó nuevos contratos para dos nuevos puntos de ventas y una bodega. La gremial de concesionarios considera que hay un trato “desigual”.
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Pendiente.  Hace tres años, la CEPA recibió un estudio para una política comercial que aún no ha sido anunciada.

Pendiente. Hace tres años, la CEPA recibió un estudio para una política comercial que aún no ha sido anunciada.

Alto flujo.  Gran parte de los pasajeros que transitan por el aeropuerto son de tránsito o transbordo. Avianca concentra el 70 % de las operaciones.

Alto flujo. Gran parte de los pasajeros que transitan por el aeropuerto son de tránsito o transbordo. Avianca concentra el 70 % de las operaciones.

Malestar por asignación de nuevos espacios de comercio en el aeropuerto

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Entre noviembre de 2015 y enero de 2016, la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), máxima autoridad de esa institución, autorizó la asignación de nuevos espacios físicos a dos sociedades y a una persona natural en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Rivera y Galdámez (AIES-MOARG).

Dos serán locales destinados a comercios, y el tercero una bodega para almacenar productos que se comercializarán bajo la modalidad de tienda libre. Las autorizaciones de la junta directiva trascendieron a nivel público luego que la Asociación de Concesionarios de Aeropuertos y Puertos Marítimos de El Salvador (ACAPMES) externara su preocupación, ya que considera que la CEPA no les ha dado ninguna certeza sobre la continuidad de sus contratos. Esta organización representa a más de 80 empresas que arriendan locales en el aeropuerto Monseñor Romero.

Los contratos de las empresas agremiadas vencen el 31 de diciembre de este año. Funcionarios de Gobierno, como el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el presidente de la CEPA, Nelson Vanegas, dijeron que ya habían convocado a reuniones para abordar el asunto, por lo que no había de qué preocuparse. La última renovación de los contratos ocurrió hace aproximadamente tres años, en espera de que la autónoma implementará una política comercial.

Actas

En el acta 2754, del 4 de noviembre, la junta directiva aprobó el arrendamiento de un local para bodega en la primera planta de la terminal de pasajeros. La gerencia general de CEPA ofreció 35 metros cuadrados a cambio de canon mensual de $29.71 más IVA y de una renta mínima mensual de $1,039 más IVA; sin embargo, la empresa pidió reconsiderar el valor por metro cuadrado, lo que fue aceptado por la gerencia general de CEPA que ofreció un pago de $15 por metro cuadrado y $525 por renta mínima más IVA.

La garantía contractual pasó de $3,530 a $2,000. La junta directiva aceptó estos términos y aprobó el contrato arrendamiento por tres años que corren a partir de 1.º de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2018.

El 1.º de diciembre se aprobó un contrato de explotación de negocios a otra empresa para la instalación de un punto de ventas a un costado de la sala de espera seis. La empresa acordó pagar un canon mensual de $500 mensual más el 15 % sobre los ingresos brutos. Sin embargo, en enero pasado, la apoderada legal de la sociedad pidió “sustituir” a esta por otra sociedad con un giro comercial más amplio, lo que la junta directiva avaló.

Otro contrato de explotación de negocios en iguales condiciones que el anterior fue aprobado en diciembre a una persona natural que pidió “un espacio comercial” para vender productos nostálgicos frente a la sala de espera seis, en la segunda planta del edificio. Lo ocurrido ha sido calificado como un tratamiento “desigual” que no tiene en cuenta el principio de igualdad ante la ley por parte de la asociación de concesionarios, pues a unas empresas se les ha dicho que tendrán que competir “y a otros sin más trámite la junta directiva” les aprueba nuevos contratos. ACAPMES consideró que lo anterior representa “un trato desigual a sujetos iguales”.

“Hay un favoritismo, lo cual podría ser dañino no solo a la seguridad jurídica de las empresas que han venido aportando”, dijo la gremial a este periódico.

La CEPA y Ortiz anunciaron hace unas semanas que se promoverían concursos para asignar los espacios a las tiendas libres y otros comercios que operan en el aeropuerto.

“Sería ilegal el aplicar una concurso público o licitación a unas empresas y a otras otorgarles automáticamente (los contratos), es un tratamiento discriminatorio”, anticipó la gremial. Ayer, Vanegas negó en una entrevista radial que la junta directiva de CEPA haya autorizado nuevas tiendas. “No se ha aprobado a nadie nuevas tiendas habrá un concurso, como debe de realizarse”, dijo en 105 Radio.

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