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Nuevo cobro de Aduanas tendría vicios de legalidad

Según empresarios, la dirección podría obtener mejores resultados si promoviera procesos administrativos más eficientes.
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Discusión.  El aviso sobre el nuevo cobro de 30 % por mercancías en abandono apareció en la página web y también en una publicación en redes sociales. Las gremiales esperaban comunicación directa.

Discusión. El aviso sobre el nuevo cobro de 30 % por mercancías en abandono apareció en la página web y también en una publicación en redes sociales. Las gremiales esperaban comunicación directa.

Nuevo cobro de Aduanas tendría vicios de legalidad

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El nuevo cobro que intentó aplicar la Dirección General de Aduanas (DGA) el mes pasado pudo atentar contra principios constitucionales, según la versión de los empresarios. La manera en que está planteado este nuevo cobro habría propiciado incluso una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque todavía no hay confirmación de que haya sido admitida.

La DGA es dependencia del Ministerio de Hacienda (MH). En junio pasado, la DGA anunció que tenía previsto aplicar un nuevo cobro para la mercancía que pasa en las bodegas de aduanas más de 20 días, después que ha entrado a sus instalaciones. Cuando han pasado esos 20 días, ese producto se considera en abandono y la dirección decide si lo incluye en una subasta o lo mantiene guardado.

La idea de la nueva disposición aduanera era cobrar 30 % por cada producto según el precio CIF (incluye seguro, costo de transporte y de fabricación), pero cuando ya entraba en abandono.

Los representantes de la Asociación de Empresarios Importadores de Vehículos (ASEIVA) y de la Cámara Logística de El Salvador (CALOES) cuestionaron el proceso para poner en vigencia el nuevo cobro, porque lo consideran un impuesto que, además, no está justificado. Por su parte, las autoridades de la DGA aseguraron que un grupo de importadores ha “degenerado” las funciones de las instalaciones de esta dirección, y que esta conducta les consume demasiados recursos en personal y en dinero.

La medida estaba programada para entrar en vigor el 29 de julio, pero no sucedió. En lugar de eso, la DGA sostuvo ayer una reunión con la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASEIVA) y la Cámara Logística de El Salvador (CALOES), para profundizar en la propuesta de cobro y escuchar más opiniones al respecto.

José Daniel Palacios, asesor de ASEIVA, advirtió que el nuevo cobro tiene múltiples vicios de legalidad. Primero, tiene las mismas características de un impuesto: es un porcentaje que se calcula sobre un valor, como el IVA o el que se aplica a las importaciones. Palacios aclaró que para crear un impuesto es obligación pasar por la Asamblea Legislativa y no depende solo de una dirección ministerial. “Es una carga económica que lesiona, entre otros principios, el derecho a la propiedad”, agregó el asesor de ASEIVA.

Mientras que Salvador Mónico, presidente de la Cámara Logística de El Salvador (CALOES), aseguró que el proceso para establecer el cobro de 30 % habría originado una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De hecho, la Cámara está en contra del recargo. “Nuestra propuesta es que simplifiquen los procesos, que usen la tecnología. Las experiencias internacionales pueden servir como modelo”, dijo Mónico.

En este sentido, el titular de la DGA, Carlos Cativo, detalló ayer que requieren 39,000 horas hombre al año en liberar mercancías en abandono y $1,796 por cada grupo de productos. Ante la pregunta de si habían considerado reducir la burocracia para lograr los mismos objetivos (que los productos no estén guardados tanto tiempo), Cativo comentó que “es un proceso continuo” y que la eficiencia administrativa sería “el siguiente paso”.

En tanto Alejandro Mohor, presidente de ASEIVA, dijo que esos costos administrativos ya están contemplados en las obligaciones de Aduanas, es decir, ya forman parte de las obligaciones a cumplir con los recursos asignados para sus operaciones.

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