OCDE recomienda a Brasil fijar edad mínima de retiro

Si no se implementan medidas a futuro habrá problemas para pagar pensiones.
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomendó a Brasil que introduzca una edad mínima de jubilación y recorte los gastos en pensiones y en contribuciones sociales a los trabajadores de bajos ingresos.

En el informe “Reformas de política económica. La apuesta por el crecimiento”, la OCDE llama a Brasil a reformar los programas de subsidios sociales con el fin de incrementar la participación de los ciudadanos en la economía formal.

La OCDE destaca que la reforma del sistema de pensiones de marzo de 2012 condicionó la concesión de prestaciones al desempleo a la participación en cursos de reciclaje profesional.

Con el fin de incrementar la tradicional baja productividad laboral, es prioritario que Brasil aumente el nivel educativo de su fuerza laboral a través de la mejora del salario de los profesores y de los programas de perfeccionamiento.

Además, el informe aconseja la introducción de incentivos por rendimiento educativo y programas de formación profesional para reducir la escasez de trabajadores cualificados.

Al respecto, destaca que el Gobierno del mayor país latinoamericano puso en marcha en 2011 un programa de 10 años para financiar la educación básica y profesional, y reducir las deserciones escolares.

Sistema impositivo

La OCDE también considera fundamental la introducción de un sistema impositivo menos fragmentado y oneroso, especialmente con el trabajador.

Según el documento, Brasil debe incrementar notablemente el papel y las inversiones del sector privado en la gestión y construcción de infraestructuras, al tiempo que se reduce el gasto público en este ámbito.

La OCDE advierte que los mercados financieros brasileños están subdesarrollados, lo que también perjudica la productividad, por lo que llama a reducir los créditos obligatorios a sectores habitualmente subsidiados como la agricultura o la vivienda.

Para ello, recomienda permitir a los bancos privados que compitan en condiciones de igualdad que las entidades públicas en el sector del préstamo a largo plazo, lo que debería ir acompañado en una disminución de los gastos de intermediación.

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