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OIT pide por cuarta vez activar Consejo Superior del Trabajo

El ente no funciona desde 2013 por un impase en la elección de los representantes de los trabajadores. La OIT pidió al Estado elaborar normas de elección claras, vinculantes y objetivas.
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Incumple. La OIT pidió en 2015 convocar inmediatamente al CST, y desde entonces, cada año el país vuelve a la lista de aquellos que incumplen los convenios laborales.

Incumple. La OIT pidió en 2015 convocar inmediatamente al CST, y desde entonces, cada año el país vuelve a la lista de aquellos que incumplen los convenios laborales.

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El Salvador regresó a ser tema de discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en junio pasado en Ginebra. La razón es que desde 2013 se desintegró el Consejo Superior del Trabajo (CST), un ente que, según la legislación salvadoreña, sirve como plataforma de consulta para todas las políticas laborales. Ahí tendrían que estar representados trabajadores, empresa privada y el mismo Gobierno.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió en 2015 convocar inmediatamente al CST, y desde entonces, cada año el país vuelve a la lista de aquellos que incumplen los convenios laborales.

Tras escuchar los argumentos de los sectores, la OIT volvió a pedir la reactivación del CST y que el Gobierno elabore normas claras y legalmente vinculantes para la elección de representantes y recurrir de nuevo a asistencia técnica.

Primero el país había sido señalado por el incumplimiento del Convenio 87 sobre la libertad sindical y ahora es el Convenio 144 sobre la consulta tripartita el que está en cuestión.

Fue el ministro de Trabajo del gobierno anterior, Humberto Centeno, quien desactivó el CST. La titular actual, Sandra Guevara, tampoco ha logrado que este sesione. El problema se dio por un desacuerdo en quiénes serían los representantes del sector laboral.

El Gobierno exigía a los sindicatos presentar una sola lista de candidatos, es decir unanimidad, en vez de tomar la lista con más respaldo. Esto incluso provocó que un grupo de sindicalistas acudiera a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que interviniera; sin embargo, los magistrados resolvieron que no podía tomarse una sola lista y dejar de lado a los demás sindicatos.

La OIT pidió al Estado, representado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), no interferir en el mecanismo de elección que tienen los sindicatos para designar a sus representantes y no exigir consenso en los sindicatos; no obstante, el MTPS argumentaba que tampoco podía tomar una lista y dejar las demás pues estaría incumpliendo con la resolución de la sala y cambiar el procedimiento de la elección necesitaría que el CST esté ya instalado para aprobar la reforma.

Ante los reiterados llamados de la OIT de reactivar el CST, el Gobierno recibió una misión de contacto directo el año pasado y después juramentó a representantes del sector laboral tomando a algunas personas de las tres listas que fueron propuestas. Según el MTPS, el criterio fue el respaldo de sindicalistas de cada propuesta.

“Es una situación que el sector laboral no se ha puesto de acuerdo y al final esto le ha afectado al Gobierno”, dijo Guevara.

La funcionaria agregó que hay una persona contratada por la OIT que está realizando consultas para poder solventar el impase y que fue la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) la que manifestó su desacuerdo ante la elección de voceros del sector laboral ante el CST.

“El Gobierno hizo la designación de los trabajadores sin que se conozcan los criterios de representatividad que utilizó, si es que se basó en algún criterio. Tanto así que los tres grupos mayoritarios de trabajadores manifestaron a la misión de contactos directos que desconocen los criterios utilizados por el Gobierno y uno de ellos disputa la designación”, argumentó el representante de los empresarios en la OIT.

Por su parte, el vocero de los trabajadores señaló, en la OIT, que fueron las gremiales empresariales las que no quisieron integrar el CST por una preocupación sobre la elección de los representantes sindicales y que, aunque dicha preocupación puede ser comprensible, deberían de ser los mismos trabajadores quienes manifiesten su inconformidad; y que “las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno han llegado tarde y carecen de la transparencia necesaria para fomentar la confianza por parte de los interlocutores sociales”.

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